AMNISTÍA, FUSILADOS, MULTAS, INCAUTACIONES


El B.O.E. num.186 de 4 de agosto de 1976, páginas 15097-15098, referencia 1976/14963, publicó el Real Decreto Ley 10/1976 de 30 de julio sobre Amnistía, dado en La Coruña, firmado por el Rey Juan Carlos y refrendado por el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González, consecuencia de una propuesta del Consejo de Ministros reunido el 28 de julio de 1976.

Esta amnistía preconstitucional sería posteriormente consolidada por la Ley 46/1977 de Amnistía, publicada en el B.O.E. Núm. 248 de 17/10/1977, páginas 22765-22766, referencia 1977/24937, dada en Madrid el 15 de octubre de 1977, asimismo firmada por Juan Carlos R. y refrendada por el Presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil.

Con esta disposición, el gobierno de la denominada transición política, pretendía atender al grito reiteradamente manifestado en las calles pidiendo amnistía.

El RDL 10/76 constaba de diez artículos y dos disposiciones adicionales. Los delitos y faltas a los que se concedió el beneficio de la amnistía quedaron enumerados y descritos, con cierta amplitud, en los cinco apartados contenidos en el
artículo primero.

De este modo se abrió una puerta por la cual penetraron muchas víctimas de la guerra civil española y posterior dictadura, que habían sido inicuamente condenadas por los delitos de rebelión y sedición.

Viudas y descendientes de las víctimas acudieron a los Tribunales Militares con instancias en súplica de los beneficios concedidos por la amnistía.

Los respectivos Tribunales Militares Territoriales hubieron de atender todas estas instancias, requiriendo el desarchivo de las causas, analizando sus sentencias, y dictando las pertinentes resoluciones, para aplicar los beneficios concedidos por la amnistía.

Finalmente, los capitanes generales decretaban de conformidad con el informe del Fiscal Jurídico Militar y con el dictamen del Auditor de Guerra de la Región y por sus propios fundamentos:

Obviamente, a las víctimas ejecutadas por fusilamiento, no se les pudo jurídicamente aplicar los beneficios de la amnistía, porque al haber sido ejecutada en su día la pena de muerte, con la muerte había quedado  extinguida
la responsabilidad penal
.

Ahora bien, si fueron reconocidos los derechos pasivos que pudieran ser procedentes en beneficio de los herederos o causahabientes del penado, conforme al sistema de Pensiones regulado por las Leyes de 12 de Julio de 1940  y 13 de diciembre de 1.943.

Al amparo de esta amnistía, los herederos causahabientes, pudieron percibir unas pensiones, que a pesar de ser misérrimas, proporcionaron cierto alivio a las personas que las pudieron llegar a obtener.

El RDL 10/76, había pasado «de puntillas» sobre las inicuas sentencias de los tribunales militares de la guerra civil y la dictadura, así como de los otros tribunales represores, en lo tocante a los bienes decomisados o/e incautados a las víctimas.

Lo cual condujo a los Tribunales Militares Territoriales hacia interpretaciones bastante restrictivas de los artículos otorgadores de los beneficios de la amnistía, mostrándose poco «generosos».

Así, declararon subsistentes los comisos de los objetos valiosos considerados cuerpo y efectos del delito.

Sin embargo, si entraron en un aspecto aparentemente inadvertido por los redactores del RDL 10/76: las MULTAS PAGADAS CON BIENES INCAUTADOS.

Cuando había quedado acreditado que dichos bienes habían sido incautados para llevar a cabo el pago de una multa, dado que dicha pena de multa debía ser incluida en la amnistía, el Tribunal ordenaba la devolución de los bienes incautados al condenado o a sus herederos.

Ignoro cuantas víctimas, o causahabientes herederos de víctimas, supieron o pudieron recuperar sus bienes incautados para el pago el multas, acogiéndose a la amnistía de 1976.

Pero no cabe duda, de que esta vía jurídica existió.

Y si no fue utilizada en su justa medida, debería ser abierta y explorada nuevamente.

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