PROCLAMACIÓN DEL CANDIDATO FÉLIX BENÍTEZ DE LUGO RODRÍGUEZ


 

 

APENDICE 2º AL NUM. 7

 

DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dictamen de la Comisión de actas y calidades proponiendo se declare la validez de la elección y capacidad de los candidatos por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife y declarar asimismo la validez de la elección del candidato D. Emilio Ramón González Mesa y su incapacidad, procediendo, en consecuencia, la nulidad de la proclamación hecha a su favor, proclamando al candidato D. Félix Benítez de Lugo y Rodríguez, que aparecía como derrotado en primer lugar.

Proponiendo igualmente la validez de la elección y capacidad de los Diputados que se expresan, proclamados por la circunscripción de Pontevedra.

 

AL CONGRESO·

 

La Comisión de actas· y calidades tiene el ‘honor de someter a la deliberación y aprobación del Congreso declarar la validez de la elección del candidato por la circunscripción de· Santa Cruz de Tenerife D. Emilio Ramón González Mesa, mas no así su capacidad y aptitud legal, por ser vicepresidente de la única Agrupación de Jurados mixtos de Santa Cruz de Tenerife, nombrado libremente por el ‘Ministro de Trabajo, y no por propuesta unánime de patronos y obreros, y constar que ·ha venido desempeñando la presidencia de dicha Junta; procediendo, en consecuencia, la nulidad de la proclamación hecha a su favor por la Junta de escrutinio y, por tanto, la proclamación del candidato D. Félix Benítez ,de Lugo y Rodríguez, que aparecía como derrotado en primer lugar.

 

Igualmente tiene el honor de proponer se declare la validez de la elección y capacidad legal de los Diputados electos por las circunscripciones que a continuación se citan, siempre que no se hallen incursos en ninguna de las ·incompatibilidades establecidas por la ley, de los señores siguientes:

 

Núm. SANTA CRUZ DE TENERIFE

432 D. José V. López de Vergara y Larraondo.

447 D. Luis Rodríguez Figueroa.

439 D. Emiliano Díaz Castro.

431 ‘D. Elfidio Alonso Rodríguez.

440 D. Florencio Sosa Acevedo.

 

PONTEVEDRA

130 D. Alfonso Rodríguez Castelao.

127 D. Bibiano Fernández Ossorio Tafall.

128 D. Elpidio Villaverde Rey.

129 D. Alejandro Viana Esperón.

134 D. Celestino Pozas Cobas.

135 D. Antonio Alonso Ríos.

133 D. Amando Viance Pampino

137 D. Antonino Bilbatua Zubeldia.

132 D. Adriano Romero Cachinero.

131 D. Ignacio Seoane Fernández.

 

Palacio del Congreso, 25 de Marzo de 1936.

El presidente, Indalecio Prieto.-

EI secretario, Jerónimo Gomariz.

 

Cfr. Archivo de las Cortes C007-002.- Apéndice 2 al Núm. 7

 

 

 

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DECRETO DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1935


 

MINISTERIO DE LA GUERRA

Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8°., párrafo primero, de la Ley de 17 de Julio último, a propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con él Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Hasta que una ley orgánica penal y procesal militar establezca las denominaciones correspondientes, la Autoridad militar designará a las categorías superiores del Ejército que en circunstancias ordinarias o extraordinarias intervienen en materia judicial, y la de Auditor, a las del Cuerpo Jurídico militar que fuera de la Sala respectiva del Tribunal Supremo ejerzan iguales funciones.

Artículo 2.° Aparte de los derechos e intervenciones que el Código de Justicia militar establece, sin el nombre genérico de recursos o sin su solemnidad y trascendencia, en favor de los procesados, éstos y sus defensores podrán con aquel carácter ejercitar, durante la instrucción de la causa y dentro de las normas, establecidas en dicho texto legal, las siguientes:

El de recusación.

El de que quede sin efecto el procesamiento.

El de que quede sin efecto la prisión preventiva o se convierta en atenuada.

El de proponer las excepciones pertinentes.

El de exponer lo que a su derecho convenga respecto a la sentencia dictada.

El de revisión.

Artículo 3 °. La Autoridad militar y el Auditor podrán interponer contra los fallos de los Consejos de Guerra los recursos de casación o de apelación, o ambos a la vez; el primero, cuando disintieren sobre la validez del procedimiento, calificación jurídica o límite legal de la pena, y el segundo, cuando encontraren error manifiesto en la apreciación de las pruebas o en el ejercicio del albedrío legal que ha de fijar la penalidad.

Artículo 4°. La intervención de la Autoridad militar en tiempo de paz y en territorio no declarado en estado de guerra, en los procedimientos militares, dentro de las demarcaciones señaladas para las Auditorías, se regulará del modo siguiente:

  1. a) Podrá ordenar la formación de procedimientos judiciales, de cuya iniciativa se dará por el secretario de Justicia, noticia al Auditor.

Si fuese el Auditor quien lo hubiese dispuesto, la Auditoría lo pondrá en conocimiento de la autoridad militar…

En forma análoga, la Auditoría dará también conocimiento a la Autoridad militar: cuando un procedimiento previo e transforme en expediente por falta grave, o en causa, cuando se eleven a causa los expedientes por faltas graves, cuando un juicio sumarísimo se convierta en ordinario, cuando se imponga a un procesado sin reunión de Consejo de Guerra, con su conformidad y la de su defensor, pena que no exceda de seis meses de arresto, y cuando en las actuaciones que sigue se produzca cualquier otra vicisitud de importancia semejante, de que la Autoridad militar deba tener noticia.

Si la orden de proceder hubiera emanado de otras Autoridades o Jefes, éstos darán conocimiento al mismo tiempo, pero separadamente, a la Autoridad militar y al Auditor.

  1. b) En las causas que hayan de ser de la competencia del Consejo de Guerra de Oficiales Generales, nombrará los Jueces instructores, confirmará los que ya estuviesen designados y nombrará a otros si lo creyere oportuno.

Como atribución, según la ley inherente al nombramiento de Jueces instructores, podrá designar los Secretarios para las mismas causas.

  1. c) Concluso que sea un sumario, si lo que él. Auditor resuelve en él es que se sobresea provisional o definitivamente respecto a cualquier procesado, lo remitirá a la Autoridad militar, la cual podrá conformarse o disentir de dicha resolución, y la misma facultad tendrá si el sobreseimiento sé hubiese acordado en causas en que no existieran procesados.
  2. d) En los expedientes que en vía judicial se siguen para el castigo de las faltas graves, la Autoridad militar podrá conformarse o disentir de la resolución del Auditor, cualquiera que ella sea, impóngase o no correctivo y estímese o no, en su caso, la existencia de faltas leves.
  3. e) Las faltas leves, cuyo castigo se fija taxativamente por la ley, serán o no apreciadas por la Autoridad militar, en uso de su potestad gubernativa; pero, caso de estimarse cometidas, no podrán corregirse de distinta manera que la señalada en el Código. Las demás las castigará por sí, según su prudente arbitrio, o dejará la decisión a los Jefes de quienes inmediatamente dependan los-responsables.
  4. f) Cuando las faltas sean de carácter disciplinario y no se imputen a individuos del Cuerpo Jurídico, competerá al Auditor definirlas y señalar su corrección y a la Autoridad militar imponer ésta.
  5. g) La Autoridad militar designará los Generales, Jefes y Oficiales, salvo el Vocal Ponente, que han de constituir los Consejos de Guerra, y dispondrá el día, hora y local en que hayan de celebrarse; pero si han de tener lugar fuera de su residencia oficial, podrá encomendarlo a la Autoridad respectiva. El Juez instructor, al solicitar la reunión del Consejo, significará a la Autoridad militar el nombre del Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico militar que ha de desempeñar las funciones de Vocal Ponente. Al Auditor, al Fiscal y al Juez instructor se dará a conocer la fecha y sitio de la celebración del Consejo de Guerra.
  6. h) Los Presidentes de los Consejos de Guerra darán cuenta de su celebración, con novedad o sin ella, á la Autoridad militar que los nombró, y el Vocal Ponente, al Auditor.
  7. i) La Autoridad militar, en trámite de examen de las sentencias pronunciadas por los Consejos de Guerra, podrá optar por aprobarlas o por deducir contra ellas uno o ambos de los recursos de casación o apelación que le concede la ley. En el caso en que el Auditor hubiese recurrido, la Autoridad militar podrá a su vez opinar por la aprobación, por adherirse al recurso interpuesto por el Auditor o por interponer el que éste no haya formulado.

Cuando las sentencias deban elevarse, por la índole de las penas impuestas, al Tribunal Supremo, el Auditor y la Autoridad militar podrán interponer también los recursos que les corresponden.

La Autoridad militar y el Auditor tendrán la consideración de Tribunal sentenciador, a los efectos de poder proponer además el indulto, dimanante del artículo 2°. del Código penal, cuando lo consideren justo.

Artículo 5°. Los asuntos informados o resueltos por el Auditor, que deban ser sometidos a la Autoridad militar, serán despachados en el Estado Mayor que de ella depende. Los relativos a las demás facultades consignadas en la ley, que no deben ser sometidos por el Auditor a la Autoridad militar, y que pasen a ser atribución de ésta, se despacharán por el Secretario de Justicia, que estará afecto al Estado Mayor de su Cuartel general, en forma análoga a la Sección de Contabilidad y Asuntos generales. La Autoridad militar dictará las normas a que deban ajustarse las relaciones entre dicho Secretario y las Secciones del Estado Mayor, acomodándolas a las disposiciones vigentes.

Artículo 6.° En campaña, en tiempo de guerra, o en territorio declarado en tal estado, o en el que tengan lugar operaciones de campaña o ejerzan su actuación tropas de ocupación, la Autoridad militar, además de las atribuciones conferidas para tiempo de paz y territorio no declarado en estado de guerra, tendrá las siguientes:

  1. a) La inspección y dirección, de toda clase de procedimientos judiciales y la resolución, en general, de las dudas, reclamaciones y recursos que en los mismos se promuevan.
  2. b) El nombramiento, si lo creyere oportuno, de Jueces para las causas que correspondan al Consejo de Guerra de Cuerpo, al de Plaza o al de Oficiales Generales; el de los Secretarios de este último; la confirmación de los ya nombrados y la designación de otros nuevos.
  3. c) La resolución del recurso que por los procesados o sus defensores se interponga solicitando la revocación del procesamiento, que el instructor cursará, con su informe, a la Autoridad militar.
  4. d) La resolución del recurso que por los procesados o sus defensores se formule, pidiendo ser puestos en libertad o que se atenúe la prisión preventiva que sufren; la de la propuesta que a los mismos fines le haga el Juez instructor de la causa; la de la que por su parte deducirá el Auditor cuando el procesado lleve en prisión preventiva un tiempo igual al de la duración de la condena que pueda imponérsele o que se le pida por el Fiscal, y la concesión de libertad provisional en los casos en que las detenciones de los encartados hayan sido hechas por la Autoridad o Jefe militar que haya ordenado la formación de causa.
  5. e) La autorización al procesado, cuando concurran razones atendibles que lo aconsejen, para residir en sitio distinto del en que se siguen las actuaciones.
  6. f) La de delegar en los Auditores las funciones que no consideren indispensable retener.

Artículo 7°. En las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, y en todo lo relativo a la inspección o dirección de los procedimientos judiciales, nombramiento de Jueces, resolución de recursos contra los procesamientos o prisiones y concesiones de libertad provisional, las Autoridades militares tendrán todas las atribuciones que el Código de Justicia militar les tenía encomendadas.

Artículo 8°. Las que a las Autoridades militares confiere el Código de Justicia militar y que con arreglo a los términos de este Decreto no se atribuyen expresamente a las mismas, continuarán siendo desempeñadas por  los Auditores.

Artículo 9°. Como regla general en todos los casos y circunstancias, la no conformidad entre los informes y resoluciones de la Autoridad militar y del Auditor en causas o expedientes judiciales por faltas graves será motivo de elevación del disentimiento a resolución a la Sala de Justicia militar del Tribunal Supremo.

Artículo 10. Los Generales de División que hayan de ser nombrados propietarios o suplentes para asistir con voz y voto y constituir, cuando les corresponda, la Sala de Justicia militar del Tribunal Supremo, en unión de los Magistrados de la misma, habrán de pertenecer a la Orden Militar de San Hermenegildo y tener servicios de campaña.

Dado en Madrid a trece de Septiembre de mil novecientos treinta y cinco.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro la Guerra,

JOSÉ MARÍA GIL ROBLES

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Este Decreto republicano, publicado en las páginas 2111 y 2112, del número 258 de la Gaceta de Madrid, de fecha 15 de septiembre 1935, era invocado en los procedimientos judiciales militares, seguidos por los golpistas alzados contra el Gobierno Republicano de España, después del 17 de julio de 1936.

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CAUSA 11 DE 1936 POR INSULTO A CENTINELA


PLAZA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE                        Año de 1.936.

 Nº 5088 – Legº 167 – 5 =

COMANDANCIA GENERAL DE CANARIAS

Juzgado Permanente

 – – – – – – – –

Causa núm. 11.

Que se instruye por presunto delito de insulto a centinela contra los paisanos AQUILINO BETHENCOURT SILVA y FRANCISCO LUJAN CAMPOS.

 

Ocurrió el hecho el día 1º de febrero de 1,936.

Dieron principio las actuaciones el día 12 de noviembre de 1.936.

En prisión preventiva el Aquilino el día 29 de octubre de 1.936.

En prisión preventiva el Ernesto el día 12 de noviembre de 1.936.

(Folios 80 y 81.

 

 

Juez Instructor.

Secretario.
El Comandante de Infantería

El Alférez de Caballería

D. Elisardo Edel Rodriguez.

D. Antonio Carballo Arias

 

Cfr.: A-TMT5 5088-166-28.- Sumarísimo 86 de 1936.- Cubierta.

* * * * * * * * *

Lama la atención la excepcionalidad de esta Causa 11 de 1936.

Se acusa a los encartados AQUILINO BETHENCOURT SILVA y FRANCISCO LUJAN CAMPOS de unos hechos ocurridos en febrero de 1936. Cinco meses antes del golpe de estado iniciado el 17 de julio de 1936, desencadenante de la guerra civil. Sin embargo, se inician las actuaciones en plena guerra, emprisionando a los reos, habiendo transcurrido más de ocho meses, desde los sucesos de que se les acusa.

Todo ello, a consecuencia de una maniobra de frenado del automóvil TF 2676, mandando a detener por el centinela del Polvorín de la Cuesta, sobre las once de la noche del día primero de febrero de 1936.

Este hecho es calificado como delito de insulto a centinela, del artículo 265 del Código de Justicia Militar, por el fiscal militar ÁNGEL DOLLA MANERA, en 24 de enero de 1937.

A los reos se le había asignado como defensor, el abogado civil AURELIO BALLESTER PÉREZ DE ARMAS, cosa que estaba contemplada en la ley, en los tiempos republicanos, cuando acontecieron los hechos.

AURELIO BALLESTER PÉREZ DE ARMAS declina aceptar la defensa, alegando sus muchas ocupaciones provisionales [sic].

Posiblemente quiso escribir profesionales.

Entonces, es designado defensor el Teniente ELEUTERIO REVILLA CAMPOS, que alega estar de baja por enfermedad, pero que al final ha de aceptar el cometido.

En ejecución de decreto datado en tres de diciembre de 1936, AQUILINO BETHENCOURT SILVA y FRANCISCO LUJÁN CAMPOS, habían sido sometidos a procedimiento sumarísimo, pasando por un consejo de guerra presidido por el Teniente Coronel VICENTE PELEGERO LORES, en enero de 1937.

Al folio 124, en fecha 22 de febrero de 1937, el Auditor JOSÉ SAMSÓ HENRÍQUEZ, considerando originados los hechos con anterioridad a la declaración del estado de guerra, acuerda quede nulo y sin efecto tal Decreto de tres de diciembre, y todo lo actuado con posterioridad.

En 12 de marzo de 1937, el fiscal militar PABLO HURTADO IZQUIERDO, reitera y sostiene la acusación formulada anteriormente por ÁNGEL DOLLA MANERA , insistiendo en la petición de que se debe imponer a cada uno de los procesados una pena de prisión correccional a prisión mayor, con las accesorias correspondientes.

Finalmente, AQUILINO BETHENCOURT SILVA y FRANCISCO LUJAN CAMPOS, se vieron ante un consejo de guerra presidido por el Teniente Coronel MANUEL DE LEÓN RODRÍGUEZ, celebrado  en el Palacio de la Mancomunidad, el cinco de octubre de 1937, siendo condenados la pena de UN AÑO DE PRISIÓN CORRECCIONAL y accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante la condena, abonándoseles para el cumplimiento de esta todo el tiempo que llevan privados de libertad por la presente causa.

Sentencia que es aprobada por el general VICENTE VALDERRAMA ARIAS, el 16 de octubre de 1937.

En oficio datado el 23 de octubre de 1937, el Director de la Prisión Provincial, participa que AQUILINO BETHENCOURT SILVA queda en libertad judicial por haber extinguido la condena, que le fue impuesta en esta causa 11 de 1936, continuando retenido en la Prisión de la Costa Sur, a disposición de la Autoridad Militar.

Posteriormente, el propio Director de la Prisión Provincial, mediante oficio datado en siete de noviembre de 1937, participa que ERNESTO LUJÁN CAMPOS queda en libertad judicial por haber extinguido la condena, que le fue impuesta en esta causa 11 de 1936, continuando retenido en la Prisión de la Costa Sur, a disposición de la Autoridad Militar.

Realmente una causa excepcional.

 

 

 

 

 

 

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CAUSA 565 DE 1936 CONTRA MIEMBROS DE ACCIÓN CIUDADANA


M.8,862,596

Numº 4037  – Legº 162- 17

 

COMANDANCIA MILITAR DE LA LAGUNA            JUZGADO MILITAR

 

MES DE NOVIEMBRE DE 1936

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CAUSA Nº 565 de 1936

 

 

instruida contra los miembros de Acción Ciudadana FELIX LOPEZ PEREZ, EUGENIO LOPEZ PEREZ, FERNANDO DORTA ABREU y JOSE GONZALEZ HERNANDEZ, por el presunto delito del articulo 468 del Codigo Penal Ordinario.

 

Dieron comienzo las actuaciones como Diligencias previas el 27 de Noviembre de 1936.

Fueron elevadas a causa el dia tres de Diciembre de 1936.

 

JUEZ INSTRUCTOR.

SECRETARIO.
El Teniente de Infanteria del Regimiento

El Artillero de la Bateria de Montaña del

Simancas, agregado a la Comandancia

Grupo Mixto  de Artilleria
Militar de La Laguna, Don Ramon Padilla Trujillo

Numero 21, Don Imeldo Delgado Gomez.

Otro

Otro
El Teniente del Cuerpo de Tren

El Cabo de Ingenieros

D. Ramon Diaz Gutierrez

Pedro Ramos Martínez

 

Cfr.: A-TMTQ 4037-162-17.- Causa 565 de 1936.- Cubierta.

CAUSA 12 DE 1936 POR INSULTO A CENTINELA


D.2,611,937

 PLAZA DE LAS PALMAS                                        AÑO DE 1936.

COMANDANCIA MILITAR DE CANARIAS.

JUZGADO EVENTUAL

13073 – 421–13

Causa Número 12.

Instruida por el delito de insulto a centinela.

Manuel Lopez Herrera

Ocurrió el hecho el dia 27 de Enero de 1.936

Dió comienzo el dia 28 de Enero de 1.936.

 

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Capitán de Infantería Don

El Sargento de Infantería Don

CRISTOBAL GARCIA UZURIAGA.

JUAN CASTRO Y CASTRO.

 

Cfr.: A-TMT5 13073-421-13.- Causa 12 de 1936.- Cubierta.

 

 

MIGUEL LUQUE ESPINO ACUSADO DE INJURIAS POR ARTÍCULO PUBLICADO


Nº  3352 – Legº 139  – nº 8

 

Plaza de Santa Cruz de Tenerife                                       Año de 1932.

 

COMANDANCIA MILITAR DE CANARIAS.

Capitanía General de Canarias

 

JUZGADO PERMANENTE

 

C A U S A      Nº     42

Instruida contra el paisano MIGUEL LUQUE ESPINO, por injurias a determinado Cuerpo del Ejército, en articulo publicado en el semanario “En Marcha” de esta Capital

 

Ocurrió el hecho, el     de                          de 19.

 

Dieron principio estas actuaciones el  1º  de  M A Y O  de 1932.

PROCESADO.- MIGUEL LUQUE ESPINO.

En prisión preventiva – folio 11  –  el 2 de Mayo de 1.932.

En libertad provisional  – folio 28 –  7  de     id         1.932

 

 

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Comandante de Infantería don El Sargento de Caballeria don
FRANCISCO SANCHEZ PINTO. LUIS MONTESDEOCA PONCE
Otro de Infanteria
RAMON DIAZ GUTIERREZ y JOSE PEREZ
RIVERO

 

Cfr. A-TMTQ 3352-139-8.- Cubierta.

 

LEY SOBRE ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES POR EXTRANJEROS


En las Páginas 742 y 743, del número 300 de la Gaceta de Madrid de fecha 27 de octubre de 1935, fue publicada la Ley disponiendo que la extensión total de las propiedades pertenecientes a entidades o individuos de nacionalidad extranjera, en todas las islas que forman parte del territorio nacional, no podría exceder en cada una de ellas del 25 por 100 de su superficie.

Al mismo tiempo establecía que la adquisición por parte; de entidades o individuos de nacionalidad extranjera, quedaba sujeta a la previa autorización del Ministerio de la Guerra.

Este fue el contenido de tal Ley:

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed;

Que las CORTES han decretado y sancionado la siguiente

L E Y

 Artículo 1. ° La extensión total de las propiedades pertenecientes a entidades o individuos de nacionalidad extranjera, en todas las islas que forman parte del territorio nacional, no podrá exceder en cada una de ellas del 25 por 100, de su superficie.

Artículo 2.° La adquisición por parte; de entidades o individuos de nacionalidad extranjera de obras de cualquier clase, fincas y terrenos enclavados en las zonas que a continuación se detallan, siempre que dichas propiedades estén situadas fuera de poblado y no incluidas en sus ensanches o zonas urbanizadas, estará sujeta a la previa autorización del Ministerio de la Guerra, solicitada por conducto de las Autoridades militares correspondientes, que informarán el escrito, acompañando croquis de situación y trazado, facilitados por los propietarios de las mismas.

Dichas zonas serán las siguientes:

Zona de Baleares.- Constituida por la totalidad del archipiélago.

Zona del Estrecho de Gibraltar.- Limitada: al Sur, por la costa del Estrecho; al Este, por el curso del río Guadiaro; al Oeste, por una línea recta que una la punta de Camariñal con el extremo Sureste de la laguna de La Janda, y al Norte, por una línea sensiblemente paralela a la costa y situada veinte kilómetros de la .misma-. Zona de Galicia. Comprende la totalidad de las costas gallegas e islas del litoral correspondiente, estando limitada hacia el interior por una línea que, partiendo del punto en que el río Miño deja de ser frontera con Portugal, sigue por la línea férrea de Vigo a Orense hasta Ribadavia, y desde aquí por las carreteras de Ribadavia a Carballino, Carballino a La Estrada, La Estrada a Santiago, Santiago a Lugo, Lugo a Fonsagrada y Fonsagrada a La Garganta, hasta el límite con la provincia de Oviedo.

El Ministro de la Guerra, previa propuesta de los organismos técnicos correspondientes, podrá aplicar los preceptos de este artículo a cualquier otra zona del litoral español comprendida entre la costa y una línea aproximadamente paralela y situada a veinticinco kilómetros de aquélla.

Artículo 3.° Precisarán asimismo la previa aprobación del Ministerio de la Guerra, con arreglo a los mismos trámites:

a) Los gravámenes impuestos sobre dichas fincas, mediante hipotecas o servidumbres de cualquier clase, a favor de extranjeros o entidades extranjeras.

b) La construcción de obras de cualquier clase en las expresadas zonas y la adquisición de derechos sobre autorizaciones concedidas y no ejecutadas, siempre que los peticionarios sean extranjeros o entidades extranjeras.

Artículo 4.° Quedan subsistentes todas las disposiciones que, relativas a la zona militar de costas y fronteras, no se opongan a lo prescrito por esta Ley, para cuya ejecución se dictará el oportuno Reglamento.

Por tanto,

Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, veintitrés de Octubre de mil novecientos treinta y cinco.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

El Ministro do la Guerra,

 JOSÉ MARÍA GIL ROBLES.

Cfr.: Gaceta de Madrid.- Núm. 300.- 27 de Octubre de 1935.- Páginas 742 y 743.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Esta Ley sería ignorada e incumplida, por GUSTAVO WINTER KLINGELE, como comprador, y ALFONSO QUERALT Y GIL DELGADO, como vendedor, con la connivencia del Notario JOSÉ NIETO MÉNDEZ, ante quien fue otorgada la escritura pública de compra-venta, número 434, emitida en la ciudad de Burgos el diecinueve de agosto de 1937 (Segundo Año Triunfal).