CAUSA 32 DE 1935 CONTRA PEDRO FERNÁNDEZ RUIZ


 Z.4,053,751

 Regtº nº 3506

Plaza de Santa Cruz de Tenerife                            Año de 1935

Legajo 147 – 7

 Comandancia Militar de Canarias

JUZGADO PERMANENTE

CAUSA NUMERO 32

Contra el soldado del Regtº de Infª nº 37, PEDRO FERNANDEZ RUIZ

Por el delito de hurto previsto en el número 4º del artículo 505 del Código Penal Ordinario.

Ocurrió el hecho, el    de          de 19

Dieron principio estas actuaciones el 1º de junio de 1935.

Situación del procesado: En libertad provisional

 

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Capitán de Infantería don

El Sargento de Caballería

CONRADO GUINART LLAURADO D. ANTONIO CARBALLO ARIAS.
El Comte de Infª D. Francisco El Brigada de Infª D. AGUSTIN DURAN
co Sánchez Pinto DELGADO.
  El Brigada de Infª D. EUGENIO RODRI-
  GUEZ ALONSO
  El Sargto de Cabª Antonio Car-
  ballo Arias

 

Cfr.: Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 3516-147-7.- Cubierta.

 

DENUNCIA CONTRA COMANDANTE ADOLFO JIMÉNEZ DE LA ORDEN


 Nº 3349 – Legº 139  – nº 5

Plaza de Santa Cruz de Tenerife                                     Año de 1932.

Capitanía General de Canarias

JUZGADO PERMANENTE

– – – EXPEDIENTE JUDICIAL Nº 2.

Por denuncia presentadas contra el Comandante de Infantería DON ADOLFO JIMENEZ DE LA ORDEN.

Ocurrió el hecho, el de                         de 19.

Dieron principio estas actuaciones el 13  de Enero de 1932

 

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Comandante de Infantería don

El Capitan de Infanteria don

Francisco Sanchez Pinto.

Cristobal Garcia Uzuriaga

Teniente de Artª D. Antonio Ramos

        “        ”   ”      D. Manuel Lojendio.

Alferez    “   Infª  D. Enrique de Cándido

 

Cfr. Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 3349-139-5.- Cubierta.

CONTRA FORTUNATO BURDEOS BOMBAY POR MALTRATO DE OBRA A SUPERIOR


Regº º 3344 – Legº 138 –  28

PLAZA DE CABO JUBY                                                                   Año de 1931

CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE LA SECCION DE ARTILLERIA

CAUSA NUM. 9  de 1.931

Seguido por el delito de maltrato de obra a superior contra el soldado de la Compañía Disciplinaria FORTUNATO BURDEOS BOMBAY.

Ocurrió el hecho, el dia 2 de Mayo de 1.931

Dieron principio las actuaciones el dia 3 de Mayo de 1.931

En prisión preventiva el dia 2 de Mayo de 1.931

 

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Teniente de Artilleria don

El Sargento de Artillería don

Don Manuel del Pino Diaz

Juan Perez Alonso

Otro

OTRO

Capitán del Permanente

Sargento de Artilleria

D. Cristobal Garcia Uzuriaga

Félix Rodríguez Cruz

Otro

Otro

Comandante del Permanente

Luis Montesdeoca

D. Francisco Sánchez Pinto

Otro

  Ramón Díaz Gutiérrez

 

Cfr.: Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 3344–138–28.- Causa 9 de 1931.- Cubierta.

Vid.

https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2014/08/22/3411-142-18-sustraccion-de-prendas/

MUERTE DEL CABALLO “SEGRI”


Rgtrº 3375  = Legajo 140  = nº 14

 Plaza de Santa Cruz de Tenerife                                    Año de 1932.

– – – – COMANDANCIA MILITAR DE CANARIAS – – – – –

Capitanía General de Canarias

JUZGADO PERMANENTE

———-

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO nº 40

Instruido con motivo de la muerte por atropello de automóvil, del caballo perteneciente al Grupo de Ingenieros nº 3, denominado “SEGRI”, número 5.048.

Ocurrió el hecho, el 27 de A B R I L de 1932.

Dieron principio estas actuaciones el 18  de MAYO     de 1932.

 

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Comandante de Infantería don

El Teniente de Artillería don

FRANCISCO SANCHEZ PINTO

MANUEL LOGENDIO CLAVIJO.

 

Otro de Infantería

 
 

Dn Enrique de Cándido Martín

 

Cfr. Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 3375-140-14.- Cubierta.

NIÑO LESIONADO POR EXPLOSIÓN DE UN CARTUCHO


Nº 3354 – Legº 139  – nº 10

Plaza de Santa Cruz de Tenerife                                     Año de 1932.

 

Comandancia Militar de Canarias

 

JUZGADO PERMANENTE

 

DILIGENCIAS PREVIAS Número 55.

 

Instruidas en averiguación de la lesión sufrida por el niño apellidado “Navarro” al hacerlo explosión un cartucho “Remington” en el Castillo de Paso – Alto.

 

Ocurrió el hecho, el 18 de Noviembre de 1932.

 

Dieron principio estas actuaciones el 24 de Noviembre de 1932.

 

 

 

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Capitan de Infantería don

El Brigada de Caballería don

Conrado Guinart Llaurado

Luis Montesdeoca Ponce. Otro

 

Sargento de Caballería José

 

Ramos Montero

 

Cfr. Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 3354-139-10.- Cubierta.

 

CONRADO GUINART LLAURADO, JOSÉ RAMOS MONTERO, LUIS MONTESDEOCA PONCE,

CAUSA 25 DE 1932 POR DESERCIÓN DE 5 INDÍGENAS EN CABO JUBY


Nº 3351 – Legº 139  – nº 7

 Plaza de Santa Cruz de Tenerife                                    Año de 1932.

Comandancia Militar de Canarias.

Capitania General de Canarias

 JUZGADO PERMANENTE

 ========== C A U S A   N º   25   ==========

Instruida contra los indigenes Tal-leb Hamed Uild Kerkub, Mameida Uild Alí Barrak, Mahayub Uilid Suilem, Ahmed Uild El Halifa, de la Mia montada en Camellos, y Mohamed Uild Larosi y Bachir Uild Kerkub de la Mia a Caballo, ambas de Cabo Juby, por el delito de deserción con armas y abandono de servicio.

Ocurrió el hecho, el 20 de FEBRERO de 1932.

Dieron principio estas actuaciones el 23 de Febrero de 1932.

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Comandante de Infantería don

El Sargento de Infantería don

FRANCISCO SANCHEZ PINTO

JOSE PEREZ RIVERO

Otro

Brigada de Infantería

Eduardo Rossi Rivera

 

Cfr. Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 3351-139-7.- Causa 25 de 1932.-Cubierta.

 

LUIS R. FIGUEROA DISCONFORME CON FISCAL EN CAUSA 5 DE 1932


C.1,850,912

-39-

SEÑOR AUDITOR : .

El defensor de Bernardino Afonso Garcia procesado en meritos del sumario militar numero 5 del cerriente año, cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 547 del Codigo de Justicia Militar, a U.S. respetuosamente expone:

PRIMERO : Que todo lo que respecta a los cargos del Sr. Fiscal contra el procesado por razón del articulo “La Guerra y la madre del Soldado” da aquí en este escrito por reproducción todo lo expuesto en el de 31 de Enero anterior, obrante a los folios 26 y 27 del sumario.

En cuanto al otros articulo titulado “Arona” inserto en el semanario En Marcha, numero 50 de 16 de Enero anterior, del que reconocio ser autor el procesado, según consta del testimonio de su declaracion, obrante al folio 29, no estoy conforme en que sea constitutivo de ninguno de los delitos a que se refieren los artículos 249 y 258 el Codigo de Justicia Militar, pues ni en el primer articulo ni en el segundo contiende injuria alguna contra el Instituto de la Guardia Civil.

SEGUNDO : El procesado Bernardino Afonso García no es responsables de ninguno de aquellos delitos.

TERCERO : Huelga hablar de circunstancias modificativas.

CUARTO : Conforme con la conclusion de este numero del Sr. Fiscal, renunciando tambien esta defensa a la practica de ulteriores diligencias.

QUINTO : El procesado no es acreedor a ninguna pena.

SEXTO : El procesado no ha debido sufrir prision preventiva, dicho sea salvando todos los respetos debidos a la Autoridad Militar.

SEPTIMO : Conforme con la conclusión de este numero del Sr. Fiscal.

OCTAVO : No habiendo delinquido el procesado no es del caso tener en cuenta las citas legales que en la correlativa consigna el Sr. Fiscal.

Por lo expuesto,

SUPLICO a U.S., que teniendo por evacuado el tramite de conclusiones provisionales y por devuelto el sumario, y por disconforme a esta defensa con la petición fiscal, se sirva en definitiva absolver libremente al procesado Bernardino Afonso Garcia, con los demás pronunciamientos favorables por ser asi de justicia.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, primero de Marzo de mil novecientos treinta y dos.

Ldo. Luis R. Figueroa

[Firma rubricada]

Cfr.: Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 3342–138–26.- Causa 5 de 1932.- Folio 39.

EVACUANDO TRÁMITE PREVENIDO EN ARTÍCULO 542 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR


A.4,887,042

21

Señor Auditor.

 

El Fiscal evacuando el tramite prevenido en el Articulo 542 del Codigo de Justicia Militar dice:

Primero = Resulta del presente sumario, que en el número 50 del semanario “En Marcha”, editado en esta Capital el 16 los corrientes se insertó un articulo titulado “La Guerra y la Madre del Soldado”, el cual contiene conceptos depresivos para la moral de las tropas y encierra una expresa invitación al abandono de las obligaciones militares a las cuales trata de sustraerlez, los principios de disciplina y obediencia. El autor material de dicho trabajo periodístico se encuentra al parecer en la 2ª de las situaciones previstas en el Articulo 819 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por lo que se ha seguido este sumario conforme a la prevenciones del Articulo 14 del Codigo Penal Ordinario, Ley de 16 de Julio de 1893 y sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 1889 y competencia de 6 de Marzo de 1912 entre otras, dando por resultado ser el paisano Bernardino Afonso Garcia el subsidiario responsable de la inserción antes mentada.

El hecho aludido y perpetrado de la reproducción periodística, con referencia al articulo “La Guerra y la Madre del Soldado” integra por si mismo un delito de naturaleza sediciosa previsto en el Articulo 249 del código de Justicia Militar.

Las pruebas de que se deduce la comisión del expresado delito obran a los folios 5 – 7 – 11 vuelto y 12 de este procedimiento.

Segundo – Del expresado delito en grado de consumado es responsable en concepto de autor el procesado paisano Bernardino Afonso Garcia.

Tercero – No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Cuarto – No interesa esta Ministerio la practica de ulteriores diligencias.

Quinto – Debe imponérsele al procesado la pena de Prisión Correccional con las accesorias correspondientes.

Sexto – Es de abono para el cumplimiento de la sancion el total de la prisión preventiva sufrida por razon de estos autos.

Septimo – No ha lugar á deducir responsabilidades civiles.

Octavo – Todo con arreglo a los Articulos citados, 171 del Código de Justicia Militar – 1 – 11 – 13 y 14 del Penal ordinario demás de general aplicación de ambos Codigos y Ley de 17 de Enero de 1901.

San-

A.4,887,043

22

ta Cruz de Tenerife 26 de Enero 1932

El Fiscal

Lorenzo M Fuset

[Firma rubricada]

[A la izquierda de la rubricada firma del fiscal LORENZO MARTÍNEZ FUSET, está inserto en tinta, el sello ovalado de la FISCALÍA JURÍDICO MILITAR – CANARIAS]

Cfr.: Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 3342–138–26.- Causa 5 de 1932.- Folio 21 y 22.

 

SUPRIMIENDO LA REGLAMENTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN


MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD Y PREVISION

DECRETOS

Al acometer la honrosa empresa de dotar al país de una nueva organización antivenérea, el Gobierno se apresura a proclamar que desea incorporarse al movimiento abolicionista que impera desde hace años en los países más avanzados desde el punto de vista sanitario.

Que este deseo es auténtico, nada hay que pueda demostrarlo mejor que la tolerancia que sigue prestando a realidad presente.

En efecto, España es en la actualidad oficialmente reglamentarista, pero, prácticamente, abolicionista, pues su reglamentarismo se ejerce de un modo tan laxo que apenas merece el nombre de tal.

Y no porque haya sido derogada disposición alguna, sino porque la reglamentación del vicio comercializado repugna al espíritu, conciencia e ideales de médicos, sociólogos y legisladores, que consideran como las bases fundamentales de la lucha antivenérea la igualdad del hombre y la mujer ante las leyes, la profilaxis por la terapéutica y la cultura sanitaria del pueblo.

Mas como las leyes se desprestigian por su falta de cumplimiento, ha entendido este Gobierno que seria, no sólo aventurado, sino peligroso, poner en vigor disposiciones de tipo abolicionista, que no tuviesen en cuenta la realidad española.

No hay que olvidar que el abolicionismo no representa anarquía sanitaria, sino una forma distinta de reglamentarismo; que el abolicionismo, allí donde se implanta a rajatabla, va acompañado de una serie de disposiciones sumamente serias: delito de contagio, notificación obligatoria de la enfermedad, investigación de las fuentes de contagio, reconocimiento médico periódico cuando las circunstancias lo requieren y hasta hospitalización forzosa si el caso lo exige.

La Ley debe ser justa, pero no conviene que sea impopular; respetable, pero no temible; y para ello no hay como hacerla humana, que tenga en cuenta la psicología del enfermo venéreo, que no es la misma en todos los países, ni en todos los lugares y circunstancias; que se haga cargo de prejuicios sociales más difíciles de combatir que el mismo mal, y a pesar de los cuales, pero mejor contando con los cuales, se puede llegar a un feliz resultado.

Una Ley antivenérea no debe ser excesivamente rígida y menos en nuestro país.

Hacer una Ley que sirva por igual al ambiente urbano y al rural es una monstruosidad; ni siquiera una que sirva por igual a las grandes poblaciones y a las capitales de la mayor parte de las provincias españolas.

Pero la razón más poderosa para dar sentido humano a la Ley antivenérea es la necesidad absoluta dé evitar que el enfermo venéreo rehuya la asistencia médica competente y se eche en manos de charlatanes, intrusos de toda índole y Médicos desaprensivos.

Cosa que ocurriría indefectiblemente si el enfermo supiese que la asistencia a la consulta de un Médico concienzudo representaba notificación obligatoria de su enfermedad, investigación acaso indiscreta de la fuente de contagio, etc., etc.

Conociendo la psicología de nuestro país, fiamos más en la divulgación de las verdades elementales sobre los males venéreos, en la persuasión de fas buenas razones y en las facilidades para el tratamiento.

La implantación misma del delito de contagio, si no nos atrevemos a decir que resultase contraproducente, sí podemos asegurar que su eficacia sería muy escasa, pues por razones de pudor, prudencia o conveniencia que a nadie escapan, habrían de ser contados los casos de denuncia.

Todas las disposiciones que siguen, y si pudiera estimarse de utilidad alguna otra complementaria, serán incorporadas para su debida convalidación y estabilidad al proyecto de Ley orgánica de Sanidad, que será sometido en momento próximo a la deliberación de las Cortes; pero entendiendo que lo dispuesto tiene carácter de urgencia por afectar a la moralidad pública y a la eficacia de la obra sanitaria, se anticipa su puesta en vigor mediante el presente Decreto, del que, al afirmar que huyendo de lirismos irrealizables, está inspirado en un criterio de humanidad y atento a la realidad práctica de la vida española, cree el Gobierno haberlo dicho todo en virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar:

Artículo 1. °

Queda suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este Decreto como medio lícito de vida.

Artículo 2. °

Son enfermedades venéreas; la sífilis, la blenorragia, el chancro venéreo y la linfogranulomatosis o enfermedad de Nicolás Favre, en cualquiera de sus localizaciones.

Artículo 3. °

Las personas afectas de cualquiera de estas dolencias están obligadas a someterse periódicamente, de acuerdo con las instrucciones que Ja Sanidad pública difundirá y propagará, con la amplitud debida, a vigilancia y tratamiento pertinentes, bien sea bajo la dirección de los Médicos privados, o bien, cuando se carezca de medios económicos, utilizando los servicios de las Instituciones autivenéreas del Estado.

Artículo 4. °

Los padres o tutores de menores o incapaces, afectos de dolencias venéreas, tienen la obligación de cuidar del tratamiento de sus hijos o pupilos.

Artículo 5. °

El Estado adquiere el deber de facilitar gratuitamente el tratamiento de los enfermos venéreos pobres en todo el territorio nacional.

Artículo 6. °

A los efectos señalados en el artículo anterior, serán considerados representantes de la Lucha oficial Antivenérea los Médicos rurales de aquellas poblaciones en las que no exista Dispensario oficial.

A tales Médicos se les facilitará por el Dispensario más próximo, a título gratuito, los medicamentos que precisen para el tratamiento de sus enfermos pobres.

La petición de dichos medicamentos habrá de justificarse en cada caso ante la autoridad sanitaria, que informará respecto a la pertinencia de la misma.

Artículo 7. °

A fin de unificar el criterio terapéutico entre los Médicos en armonía con el progreso de las pautas científicas, será obligación dé los Inspectores de Sanidad la frecuente organización de cursos prácticos, breves, en los Dispensarios antivenéreos, a cargo del personal de los mismos, y con destino a los Médicos rurales, cuyo perfeccionamiento técnico ha de procurarse en todo momento sin obligatoria en tales Médicos, para poder seguir disfrutando de la titular, la asistencia a dichos cursos, cuando menos, una vez cada cinco años.

La Dirección general de Sanidad cuidará del exacto cumplimiento de esta disposición.

Artículo 8. °

A medida que se vaya intensificando el desarrollo del servicio de asistencia social, se ampliarán sus funciones a las que le compete realizar en la lucha antivenérea, singularmente de las grandes urbes, y que, en principio, pueden concretarse en las siguientes;

  1. a) Recopilación de datos para la formación de las estadísticas de morbilidad venérea.
  2. b) Investigación de las fuentes de contagio.
  3. c) Estímulo discreto entre los enfermos rezagados o inconscientes, para el cumplimiento del presente Decreto,
  4. d) Evidenciación y descubrimiento de las infecciones ignoradas.
  5. e) Divulgación de las instrucciones sanitarias autivenéreas.

Artículo 9, °

Los Médicos, tanto privados como oficiales, quedan obligados a dar conocimiento a las Autoridades sanitarias de aquellos casos en los que a evidente peligrosidad social de una rebeldía o incumplimiento manifiesto para seguir el tratamiento adecuado.

Artículo 10.

A la vista de tales denuncias, las Autoridades sanitarias podrán acordar el tratamiento obligatorio e incluso la hospitalización forzosa, previo peritaje oficial cuando se considere oportuno.

Artículo 11.

De acuerdo con lo que dispone el apartado b) del artículo 8. °, será misión preferente de la Lucha Antivenérea el descubrimiento de los focos de contagio y esterilización de los mismos, en la medida de lo posible.

A tal efecto, quedan facultadas las Autoridades sanitarias, singularmente de las poblaciones pequeñas en las que el escaso número de habitantes permita

conocimiento directo de la vida de cada cual, a decretar la vigilancia médica periódica de aquellas personas que por su conducta resulten sospechosas, como posibles focos de transmisión venérea, siquiera el primer o primeros reconocimientos no evidencien signos clínicos de enfermedad aparente, y siempre dentro de la más estricta discreción.

Artículo 12.

Todo Médico que asista a enfermos venéreos está obligado a instruirles, mediante la entrega de las cartillas y consejos editados por la Sanidad oficial, respecto al alcance y peligros de las enfermedades venéreas, así como de la reiteración terapéutica que exigen.

También será obligación de los Médicos comunicar a las Autoridades sanitarias o al Servicio de Asistencia social las noticias y datos que desde el punto de vista sanitario puedan discretamente inquirir respecto a los posibles focos de contagio.

Artículo 13. El tratamiento de las enfermedades venéreas queda exclusivamente reservado a los Médicos.

Cualquier infracción a éste precepto se perseguirá como delito de intrusismo.

Se prohíbe a los Médicos el tratamiento de los enfermos venéreos por correspondencia y los anuncios en cualquier forma respecto a supuestos métodos curativos que no correspondan a la verdad científica, o que no se ajusten a las normas de la debida seriedad.

Se prohíbe igualmente toda clase de publicidad que de manera más o menos encubierta tienda a favorecer o facilitar el comercio sexual.

Queda prohibido expresa y terminantemente a los Farmacéuticos el despacho, sin prescripción facultativa, de productos para el tratamiento de las enfermedades venéreas.

Se exceptúa la venta de medios profilácticos.

Artículo 14.

La dirección, inspección y orientación de la Lucha antivenérea se atendrán a las recientes disposiciones respecto a distribución de servidos afectos a la Dirección general de Sanidad, así como a la que regule las funciones pertinentes al Consejo Nacional de Sanidad.

Artículo 15.

Los Dispensarios oficiales antivenéreos dependerán de la Autoridad sanitaria provincial, figurando al frente de ellos un Médico oficial de la Lucha de los que ejerzan función clínica y que, como delegado de dicha Autoridad, ostentará el cargo de Director.

A este mismo fin, y para hacer más estrecha la interdependencia de todas las Instituciones sanitarias provinciales, se procurará que los Dispensarios antivenéreos se instalen en los Centros sanitarios dependientes de la Inspección provincial de Sanidad, a menos que las circunstancias locales hagan más recomendable la utilización, a estos fines, de Centros hospitalarios.

El Director del Dispensario antivenéreo central de cada capital será Jefe de la Sección provincial de Lucha antivenérea y, de acuerdo con el Inspector de Sanidad, organizará y vigilará el servicio en el medio rural, poniendo en práctica todas las medidas conducentes a la mayor eficacia del mismo.

Cuando en una misma capital existan más de un Dispensario central y, por consiguiente, de un Director, los Directores de los Dispensarios constituirán un Comité que, bajo la presidencia del Inspector provincial de Sanidad, actuará en las funciones antes señaladas.

Artículo 16.

Los Dispensarios antivenéreos instalados en poblaciones que no sean capitales de provincia dependerán directamente del Inspector provincial de Sanidad, Jefe de la Lucha antivenérea en la provincia, el cual establecerá las relaciones de dichos Centros con las demás Instituciones sanitarias del Estado que existan en la localidad y, de modo preferente, con las consultas prenatales y los Centros de Sanidad de puertos, disposición que lógicamente afecta también a los Dispensarios establecidos en las capitales de provincia.

Artículo 17.

Los servicios antivenéreos sostenidos por las Diputaciones, Ayuntamientos, entidades, Sociedades y aun particulares estarán sujetos a la inspección técnico sanitaria del Estado.

Artículo 18.

Por los Ministerios de Justicia, Guerra y Marina deberán dictarse las disposiciones necesarias para la continuidad en el tratamiento de los reclusos, soldados y marinos afectos de enfermedades venéreas.

La Sanidad de Puertos se preocupará de facilitar el tratamiento de los marinos mercantes, nacionales y extranjeros, durante sus escalas, en armonía con las pautas relativas al caso establecidas en el acuerdo adoptado en Bruselas por la Unión Internacional contra el peligro venéreo.

Artículo 19.

El Estado intensificará y cuidará escrupulosamente de la enseñanza de la Venereología en las Universidades de la Nación.

Dado en Madrid a veintiocho de Junio de mil novecientos treinta y cinco.

NÍCETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión,

Federico Salmón Amorín.

Cfr.: Gaceta de Madrid.- Núm. 181 de 30 de junio de 1935.

ARTÍCULO PUBLICADO EN SEMANARIO DE MADRID


 Z.4,053,883

Nº 5102 = Legº 167 – 19=

 

Plaza de Santa Cruz de Tenerife                            Año de 1936.

Comandancia Militar de Canarias

JUZGADO PERMANENTE

C A U S A   Nº  44

por el presunto delito del artículo 249 del Código de Justicia Militar con motivo del contenido de la página 11 del número 5 del semanario “JUVENTUD” que se edita en Madrid

Ocurrió el hecho, el 6 de Junio de 1936

Dieron principio estas actuaciones el 27 de Junio de 1936

 

JUEZ INSTRUCTOR

SECRETARIO

El Capitán de Infantería don

El Sargento de Caballería don

ANTONIO PEREZ-LINARES Y RODRIGUEZ Antonio Carballo Arias. Otro. El
Otro. El Teniente del Cuerpo de Cabo de Ingenieros Don Pedro
Tren Don Ramón Díaz Gutiérrez Ramos Martínez
  Otro. El de igual empleo de Infantería
  Don José González Rojas.

 

Cfr.: Archivo del Tribunal Militar Territorial 5.- 5102-167-19.- Causa 44 de 1936.- Cubierta.