El cargo de Capitán General de Canarias fue creado en 1589, siendo designado para desempeñar dicho puesto supremo, el general LUIS DE LA CUEVA Y BENAVIDES, quien fijó su residencia en la ciudad de LAS PALMAS, en la isla de GRAN CANARIA.
La CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS estuvo en GRAN CANARIA más de medio siglo (66 años).
En 1656, sin haber recibido licencia real para el traslado de isla, el Capitán General ALONSO DÁVILA decidió trasladarse a TENERIFE, isla en la cual quedaría finalmente fijada la residencia del Capitán General de Canarias, hasta hoy.
En 1661, sería JERÓNIMO DE BENAVENTE, el primer capitán general que realmente recibió licencia para residir «en la isla que tuviese por más conveniente», decidiendo residir en el edificio conocido como Casa de los Capitanes en la ciudad de LA LAGUNA de TENERIFE.
En 1723, el capitán general LORENZO FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, se aposentó en el CASTILLO DE SAN CRISTÓBAL, en Santa Cruz de Tenerife, de donde no se le pudo desalojar hasta 1734.
Hubo una sede de la Capitanía General en la calle de La Marina número 13, en cuyo solar existe hoy un edificio de factura relativamente reciente, donde figura la oficina principal del Banco Atlántico en Tenerife.
El General ANTONIO GUTIÉRREZ, que el 25 de julio de 1797 encabezaba a los tinerfeños que derrotaron a las tropas inglesas desembarcadas por el Almirante HORACIO NELSON, residió en una casa sita en la esquina de las calles San Francisco y San José.
También fue sede de la Capitanía general un emblemático edificio de Santa Cruz, en la parte alta de la conocida entonces como PLAZA DE LA PILA, que hoy conocemos como PLAZA DE LA CANDELARIA, en el solar donde estuvo la casa Foronda, que luego sería Hotel Panasco, y más tarde Droguería Espinosa, que, finalmente, hoy es el edificio singular del Banco de Santander.
En 1853, fue alquilado para residencia del Capitán General, el PALACIO DE CARTA, la casa que ha sido oficina de Banesto, conservando el número 8 en la misma Plaza, que en aquella fecha era conocida como Plaza de la Constitución.
El último Capitán General residente en el Palacio de Carta fue el General AURELIANO WEYLER Y NICOLAU, quien en 31 de marzo de 1881 se trasladaría inaugurándolo, al nuevo edificio de Capitanía General, sito frente al terreno conocido como Campo Militar, y luego Plaza del Hospital.
Esta plaza sería solicitada el 28 de agosto de 1880 por el Ayuntamiento, ofreciendo en permuta, unos terrenos y casas de propiedad municipal, «situados a la espalda del nuevo edificio de la Capitanía General».
Hoy esta plaza del HOSPITAL lleva el nombre del general WEYLER.
Después del General AURELIANO WEYLER Y NICOLAU, Duque de Rubí y Marqués de Tenerife, se sucedieron en el mando de la Capitanía General de Canarias, treinta y dos tenientes generales, de los cuales dos fueron de origen canario:
IGNACIO PÉREZ GALDÓS, nacido en Las Palmas, y JOSÉ MARCH GARCÍA, nacido en La Laguna.
Con el devenir del tiempo, el PALACIO DE CARTA sería sede del GOBIERNO CIVIL.
La PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN llegaría ser conocida como PLAZA DE LA REPÚBLICA, durante el efímero periodo republicano del gobierno emanado de las urnas, denominado del FRENTE POPULAR.
https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2013/12/04/plaza-de-la-republica-en-1936/
En la madrugada del 17 al 18 de julio de 1936, alboreando el sol, el edificio sede del Gobierno Civil, sería ocupado por los militares sublevados contra el legítimo Gobierno Republicano de España.
En la tarde del mismo 18 de julio de 1936, se produciría el tiroteo, que ocasionaría las dos primeras bajas humanas de la Guerra Civil en Tenerife.
La primera víctima fue el Cabo de la Guardia de Asalto Don FRANCISCO MUÑOZ SERRANO, por el bando legítimo y legal del Gobierno de la República.
La segunda sería el soldado lagunero SANTIAGO CUADRADO SUÁREZ, por el bando rebelde.
LA SEGUNDA REPÚBLICA
Tras la pérdida en 1898 de las últimas colonias ultramarinas de América, los gobiernos que se sucedieron en España, fueron incapaces e incompetentes para reestructurar y dotar convenientemente al Ejército Español.
A finales de la primera década del siglo XX, la mitad del presupuesto militar se iba en el pago de los salarios, que en su mayor cuantía era para el enorme número de oficiales.
Una estadística de 1909, muestra que en este año, la relación entre oficialidad y tropa era de UN oficial por cada CUATRO soldados en filas. La plantilla de generales en activo era de SESENTA.
Por aquellas fechas, el Imperio Británico, cuyo ejército triplicaba el número de efectivos al español, solamente disponía de 34 generales en activo.
Este cuantioso gasto en personal mermaba considerablemente los recursos que debían haber sido destinados a la modernización del armamento, las infraestructuras y el entrenamiento, conducentes a la disposición de un buen ejército.
La población española en aquellas fechas no había alcanzado aún la cota de los 20 millones.
En 1912 había sido establecido el servicio militar obligatorio, que pretendiendo alistar a todos los mozos, sin embargo, podía ser eludido mediante pago monetario.
Así, casi una cuarta parte de los afectados, no se incorporaría a filas, al disponer de dinero para pagar alguna forma de exención.
Por tanto, los soldados reclutados forzosamente fueron los pobres campesinos y obreros, mayoritariamente analfabetos, carentes de toda formación.
El 14 de abril de 1931 es proclamada la SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA.
El Académico y Catedrático, Profesor JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ ASIAIN, autor de la obra «LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA» (Editorial Crítica,. 2014), ganadora del Premio Nacional de Historia de España, afirma:
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LA REACCION CONTRA LA REPUBLICA COMENZO EN FECHA TAN TEMPRANA COMO EL 14 DE ABRIL DE 1931, DÍA EN EL QUE SE CONSTITUYÓ, Y EN EL QUE UN GRUPO DE PERSONAJES SIGNIFICATIVOS SE PROPUSO DERROCARLA «POR TODOS LOS MEDIOS». Y FUE, INMEDIATAMENTE A PARTIR DE ESE MOMENTO, CUANDO SE DEFINIERON LAS FORMULAS PARA RECAUDAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE EXIGÍA UNA FUTURA SUBLEVACIÓN.
Una semana después el gobierno provisional republicano puso en marcha una Comisión de Responsabilidades, para dictaminar sobre las actuaciones de los más conspicuos colaboradores del régimen derrocado.
Algunos análisis históricos de estas actuaciones republicanas llevan a pensar que ello constituyó un error grave de la acción republicana, pues entre otras consecuencias produjo la inquina de muchos militares africanistas.
La cuestión se enconó más cuando fueron ejecutadas las drásticas reformas militares decretadas por el ministro MANUEL AZAÑA DÍAZ, quien sería acusado de pretender «triturar el Ejército».
Desde los primeros meses del incipiente gobierno republicano, circulaban fundados rumores de conspiraciones monárquicas contra la República, en las que estaban implicados destacados militares.
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Casi la mitad del presupuesto nacional del Estado era consumido por el Ejército, mayoritariamente gastado en el pago de los emolumentos de la enorme plantilla militar.
Tan cuantioso gasto en personal mermaba considerablemente los recursos que debían haber sido destinados a la modernización del armamento, las infraestructuras y el entrenamiento, conducentes a la disposición de un buen ejército.
Ante semejante situación ruinosa para el país y para el propio Ejército Español, era esperable que una de las preocupaciones del gobierno provisional de la República fue procurar su reducción, y de paso, disminuir la influencia y presencia militar en el ámbito político.
En la Gaceta de Madrid núm. 11 de fecha 21 de abril de 1931, leemos en el decreto de fecha 18 de abril de 1931, que cesa en el cargo de Capitán General de Canarias, el Teniente general JOSÉ RODRÍGUEZ CASADEMUNT.
En la misma página de la citada Gaceta se publica otro decreto de la misma fecha por el cual se nombra Capitán general de Canarias, al General de división ÁNGEL RODRÍGUEZ DEL BARRIO, que hasta aquel momento era gobernador Militar de Tenerife.
Ambos generales serían, respectivamente, el último Capitán General de Canarias durante la Monarquía Alfonsina, y el único, primero y último, Capitán General de Canarias de la Segunda República Española.
El Blog de Pedro Medina Sanabria 