DECRETO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1935


MINISTERIO DE LA GUERRA

Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8. °, párrafo primero, de la Ley de 17 de Julio último, a propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con él Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1°.

Hasta que una ley orgánica penal y procesal militar establezca las denominaciones correspondientes, la Autoridad militar designará a las categorías superiores del Ejército que en circunstancias ordinarias o extraordinarias intervienen en materia judicial, y la de Auditor, a las del Cuerpo Jurídico militar que fuera de la Sala respectiva del Tribunal Supremo ejerzan iguales funciones.

Artículo 2°.

Aparte de los derechos e intervenciones que el Código de Justicia militar establece, sin el nombre genérico de recursos o sin su solemnidad y trascendencia, en favor de los procesados, éstos y sus defensores podrán con aquel carácter ejercitar, durante la instrucción de la causa y dentro de las normas, establecidas en dicho texto legal, las siguientes:

El de recusación.

El de que quede sin efecto el procesamiento.

El de que quede sin efecto la prisión preventiva o se convierta en atenuada.

El de proponer las excepciones pertinentes.

El de exponer lo que a su derecho convenga respecto a la sentencia dictada.

El de revisión.

Artículo 3°.

La Autoridad militar y el Auditor podrán interponer contra los fallos de los Consejos de Guerra los recursos de casación o de apelación, o ambos a la vez; el primero, cuando disintieren sobre la validez del procedimiento, calificación jurídica o límite legal de la pena, y el segundo, cuando encontraren error manifiesto en la apreciación de las pruebas o en el ejercicio del albedrío legal que ha de fijar la -penalidad.

Artículo 4°.

La intervención de la Autoridad militar en tiempo de paz y en territorio no declarado en estado de guerra, en los procedimientos militares, dentro de las demarcaciones señaladas para las Auditorías, se regulará del modo siguiente:

a) Podrá ordenar la formación de procedimientos judiciales, de cuya iniciativa se dará, por el Secretario de Justicia, noticia al Auditor.

Si fuese el Auditor quien lo hubiese dispuesto, la Auditoría lo pondrá en conocimiento de la autoridad militar.

En forma análoga, la Auditoría dará también conocimiento a la Autoridad militar: cuando un procedimiento previo e transforme en expediente por falta grave, o en causa, cuando se eleven a causa los expedientes por faltas graves, cuando un juicio sumarísimo se convierta en ordinario, cuando se imponga a un procesado sin reunión de Consejo de Guerra, con su conformidad y la de su defensor, pena que no exceda de seis meses de arresto, y cuando en las actuaciones que sigue se produzca cualquier otra vicisitud de importancia semejante, de que la Autoridad militar deba tener noticia.

Si la orden de proceder hubiera emanado de otras Autoridades o Jefes, éstos darán conocimiento al mismo tiempo, pero separadamente, a la Autoridad militar y al Auditor. b) En las causas que hayan de ser de la competencia del Consejo de Guerra de Oficiales Generales, nombrará los Jueces instructores, confirmará los que ya estuviesen designados y nombrará a otros si lo creyere oportuno.

Como atribución, según la ley inherente al nombramiento de Jueces instructores, podrá designar los Secretarios para las mismas causas.

c) Concluso que sea un sumario, si lo que el Auditor resuelve en él es que se sobresea provisional o definitivamente respecto a cualquier procesado, lo remitirá a la Autoridad militar, la cual podrá conformarse o disentir de dicha resolución, y la misma facultad tendrá si el sobreseimiento sé hubiese acordado en causas en que no existieran procesados.

d) En los expedientes que en vía judicial se siguen para el castigo de las faltas graves, la Autoridad militar podrá conformarse o disentir de la resolución del Auditor, cualquiera que ella sea, impóngase o no correctivo y estímese o no, en su caso, la existencia de faltas leves.

e) Las faltas leves, cuyo castigo se fija taxativamente por la ley, serán o no apreciadas por la Autoridad militar, en uso de su potestad gubernativa; pero, caso de estimarse cometidas, no podrán corregirse de distinta manera que la señalada en el Código. Las demás las castigará por sí, según su prudente arbitrio, o dejará la decisión a los Jefes de quienes inmediatamente dependan los-responsables.

f) Cuando las faltas sean de carácter disciplinario y no se imputen a individuos del Cuerpo Jurídico, competerá al Auditor definirlas y señalar su corrección y a la Autoridad militar imponer ésta.

g) La Autoridad militar designará los Generales, Jefes y Oficiales, salvo el Vocal Ponente, que han de constituir los Consejos de Guerra, y dispondrá el día, hora y local en que hayan de celebrarse; pero si han de tener lugar fuera de su residencia oficial, podrá encomendarlo a la Autoridad respectiva. El Juez instructor, al solicitar la reunión del Consejo, significará a la Autoridad militar el nombre del Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico militar que ha de desempeñar las funciones de Vocal Ponente. Al Auditor, al Fiscal y al Juez instructor se dará a conocer la fecha y sitio de la celebración del Consejo de Guerra.

h) Los Presidentes de los Consejos de Guerra darán cuenta de su celebración, con novedad o sin ella, á la Autoridad militar que los nombró, y el Vocal Ponente, al Auditor.

i) La Autoridad militar, en trámite de examen de las sentencias pronunciadas por los Consejos de Guerra, podrá optar por aprobarlas o por deducir contra ellas uno o ambos de los recursos de casación o apelación que le concede la ley. En el caso en que el Auditor hubiese recurrido, la Autoridad militar podrá a su vez opinar por la aprobación, por adherirse al recurso interpuesto por el Auditor o por interponer el que éste no haya formulado.

Cuando las sentencias deban elevarse, por la índole de las penas impuestas, al Tribunal Supremo, el Auditor y la Autoridad militar podrán interponer también los recursos que les corresponden.

La Autoridad militar y el Auditor tendrán la consideración de Tribunal sentenciador, a los efectos de poder proponer además el indulto, dimanante del artículo 2.° del Código penal, cuando lo consideren justo.

Artículo 5. °

Los asuntos informados o resueltos por el Auditor, que deban ser sometidos a la Autoridad militar, serán despachados en el Estado Mayor que de ella depende. Los relativos a las demás facultades consignadas en la ley, que no deben ser sometidos por el Auditor a la Autoridad militar, y que pasen a ser atribución de ésta, se despacharán por el Secretario de Justicia, que estará afecto al Estado Mayor de su Cuartel general, en forma análoga a la Sección de Contabilidad y Asuntos generales. La Autoridad militar dictará las normas a que deban ajustarse las relaciones entre dicho Secretario y las Secciones del Estado Mayor, acomodándolas a las disposiciones vigentes.

Artículo 6°-

En campaña, en tiempo de guerra, o en territorio declarado en tal estado, o en el que tenga lugar operaciones de campaña o ejerzan su actuación tropas de ocupación, la Autoridad militar, además de las atribuciones conferidas para tiempo de paz y territorio no declarado en estado de guerra, tendrá las siguientes:

a) La inspección y dirección, de toda clase de procedimientos judiciales y la resolución en general, de las dudas, reclamaciones y recursos que en los mismos se promuevan.

b) El nombramiento, si lo creyere oportuno, de Jueces para las causas que correspondan al Consejo de Guerra de Cuerpo, al de Plaza o al de Oficiales Generales; el de los Secretarios de este último; la confirmación de los ya nombrados y la designación de otros nuevos.

c) La resolución del recurso que por los procesados o sus defensores se interponga solicitando la revocación del procesamiento, que el instructor cursará, con su informe, a la Autoridad militar.

d) La resolución del recurso que por los procesados o sus defensores se formule, pidiendo ser puestos en libertad o que se atenúe la prisión preventiva que sufren; la de la propuesta que a los mismos fines le haga el Juez instructor de la causa; la de la que por su parte deducirá el Auditor cuando el procesado lleve en prisión preventiva un tiempo igual al de la duración de la condena que pueda imponérsele o que se le pida por el Fiscal, y la concesión de libertad provisional en los casos en que las detenciones de los encartados hayan sido hechas por la Autoridad o Jefe militar que haya ordenado la formación de causa.

e) La autorización al procesado, cuando concurran razones atendibles que lo aconsejen, para residir en sitio distinto del en que se siguen las actuaciones.

f) La de delegar en los Auditores las funciones que no consideren indispensable retener.

Artículo 7°.

En las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, y en todo lo relativo a la inspección o dirección de los procedimientos judiciales, nombramiento de Jueces, resolución de recursos contra los procesamientos o prisiones y concesiones de libertad provisional, las Autoridades militares tendrán todas las atribuciones que el Código de Justicia militar les tenía encomendadas.

Artículo 8°.

Las que a las Autoridades militares confiere el Código de Justicia militar y que con arreglo a los términos de este Decreto no se atribuyen expresamente a las mismas, continuarán siendo desempeñadas por los Auditores.

Artículo 9°.

Como regla general en todos los casos y circunstancias, la no conformidad entre los informes y resoluciones de la Autoridad militar y del Auditor en causas o expedientes judiciales por faltas graves será motivo de elevación del disentimiento a resolución a la Sala de Justicia militar del Tribunal Supremo.

Artículo 10°.

Los Generales de División que hayan de ser nombrados propietarios o suplentes para asistir con voz y voto y constituir, cuando les corresponda, la Sala de Justicia militar del Tribunal Supremo, en unión de los Magistrados de la misma, habrán de pertenecer a la Orden Militar de San Hermenegildo y tener servicios de campaña.

Dado en Madrid a trece de Septiembre de mil novecientos treinta y cinco.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de la Guerra,

José María Gil Robles.

 

Cfr.: Gaceta de Madrid. Núm. 258 de 15 de Septiembre de 1935.- Páginas 2111/12.

* * * * * * * * * * * * * * *

Este Decreto republicano de 1935, resultaría muy invocado, de modo rutinario, en los procedimientos judiciales llevados a cabo por los militares participantes en la Rebelión Militar contra el Gobierno de la Segunda República Española, desencadenante de la cruel Guerra Civil Española, iniciada el 17 de julio de 1936.

DECRETO DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1935


 

MINISTERIO DE LA GUERRA

Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8°., párrafo primero, de la Ley de 17 de Julio último, a propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con él Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Hasta que una ley orgánica penal y procesal militar establezca las denominaciones correspondientes, la Autoridad militar designará a las categorías superiores del Ejército que en circunstancias ordinarias o extraordinarias intervienen en materia judicial, y la de Auditor, a las del Cuerpo Jurídico militar que fuera de la Sala respectiva del Tribunal Supremo ejerzan iguales funciones.

Artículo 2.° Aparte de los derechos e intervenciones que el Código de Justicia militar establece, sin el nombre genérico de recursos o sin su solemnidad y trascendencia, en favor de los procesados, éstos y sus defensores podrán con aquel carácter ejercitar, durante la instrucción de la causa y dentro de las normas, establecidas en dicho texto legal, las siguientes:

El de recusación.

El de que quede sin efecto el procesamiento.

El de que quede sin efecto la prisión preventiva o se convierta en atenuada.

El de proponer las excepciones pertinentes.

El de exponer lo que a su derecho convenga respecto a la sentencia dictada.

El de revisión.

Artículo 3 °. La Autoridad militar y el Auditor podrán interponer contra los fallos de los Consejos de Guerra los recursos de casación o de apelación, o ambos a la vez; el primero, cuando disintieren sobre la validez del procedimiento, calificación jurídica o límite legal de la pena, y el segundo, cuando encontraren error manifiesto en la apreciación de las pruebas o en el ejercicio del albedrío legal que ha de fijar la penalidad.

Artículo 4°. La intervención de la Autoridad militar en tiempo de paz y en territorio no declarado en estado de guerra, en los procedimientos militares, dentro de las demarcaciones señaladas para las Auditorías, se regulará del modo siguiente:

  1. a) Podrá ordenar la formación de procedimientos judiciales, de cuya iniciativa se dará por el secretario de Justicia, noticia al Auditor.

Si fuese el Auditor quien lo hubiese dispuesto, la Auditoría lo pondrá en conocimiento de la autoridad militar…

En forma análoga, la Auditoría dará también conocimiento a la Autoridad militar: cuando un procedimiento previo e transforme en expediente por falta grave, o en causa, cuando se eleven a causa los expedientes por faltas graves, cuando un juicio sumarísimo se convierta en ordinario, cuando se imponga a un procesado sin reunión de Consejo de Guerra, con su conformidad y la de su defensor, pena que no exceda de seis meses de arresto, y cuando en las actuaciones que sigue se produzca cualquier otra vicisitud de importancia semejante, de que la Autoridad militar deba tener noticia.

Si la orden de proceder hubiera emanado de otras Autoridades o Jefes, éstos darán conocimiento al mismo tiempo, pero separadamente, a la Autoridad militar y al Auditor.

  1. b) En las causas que hayan de ser de la competencia del Consejo de Guerra de Oficiales Generales, nombrará los Jueces instructores, confirmará los que ya estuviesen designados y nombrará a otros si lo creyere oportuno.

Como atribución, según la ley inherente al nombramiento de Jueces instructores, podrá designar los Secretarios para las mismas causas.

  1. c) Concluso que sea un sumario, si lo que él. Auditor resuelve en él es que se sobresea provisional o definitivamente respecto a cualquier procesado, lo remitirá a la Autoridad militar, la cual podrá conformarse o disentir de dicha resolución, y la misma facultad tendrá si el sobreseimiento sé hubiese acordado en causas en que no existieran procesados.
  2. d) En los expedientes que en vía judicial se siguen para el castigo de las faltas graves, la Autoridad militar podrá conformarse o disentir de la resolución del Auditor, cualquiera que ella sea, impóngase o no correctivo y estímese o no, en su caso, la existencia de faltas leves.
  3. e) Las faltas leves, cuyo castigo se fija taxativamente por la ley, serán o no apreciadas por la Autoridad militar, en uso de su potestad gubernativa; pero, caso de estimarse cometidas, no podrán corregirse de distinta manera que la señalada en el Código. Las demás las castigará por sí, según su prudente arbitrio, o dejará la decisión a los Jefes de quienes inmediatamente dependan los-responsables.
  4. f) Cuando las faltas sean de carácter disciplinario y no se imputen a individuos del Cuerpo Jurídico, competerá al Auditor definirlas y señalar su corrección y a la Autoridad militar imponer ésta.
  5. g) La Autoridad militar designará los Generales, Jefes y Oficiales, salvo el Vocal Ponente, que han de constituir los Consejos de Guerra, y dispondrá el día, hora y local en que hayan de celebrarse; pero si han de tener lugar fuera de su residencia oficial, podrá encomendarlo a la Autoridad respectiva. El Juez instructor, al solicitar la reunión del Consejo, significará a la Autoridad militar el nombre del Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico militar que ha de desempeñar las funciones de Vocal Ponente. Al Auditor, al Fiscal y al Juez instructor se dará a conocer la fecha y sitio de la celebración del Consejo de Guerra.
  6. h) Los Presidentes de los Consejos de Guerra darán cuenta de su celebración, con novedad o sin ella, á la Autoridad militar que los nombró, y el Vocal Ponente, al Auditor.
  7. i) La Autoridad militar, en trámite de examen de las sentencias pronunciadas por los Consejos de Guerra, podrá optar por aprobarlas o por deducir contra ellas uno o ambos de los recursos de casación o apelación que le concede la ley. En el caso en que el Auditor hubiese recurrido, la Autoridad militar podrá a su vez opinar por la aprobación, por adherirse al recurso interpuesto por el Auditor o por interponer el que éste no haya formulado.

Cuando las sentencias deban elevarse, por la índole de las penas impuestas, al Tribunal Supremo, el Auditor y la Autoridad militar podrán interponer también los recursos que les corresponden.

La Autoridad militar y el Auditor tendrán la consideración de Tribunal sentenciador, a los efectos de poder proponer además el indulto, dimanante del artículo 2°. del Código penal, cuando lo consideren justo.

Artículo 5°. Los asuntos informados o resueltos por el Auditor, que deban ser sometidos a la Autoridad militar, serán despachados en el Estado Mayor que de ella depende. Los relativos a las demás facultades consignadas en la ley, que no deben ser sometidos por el Auditor a la Autoridad militar, y que pasen a ser atribución de ésta, se despacharán por el Secretario de Justicia, que estará afecto al Estado Mayor de su Cuartel general, en forma análoga a la Sección de Contabilidad y Asuntos generales. La Autoridad militar dictará las normas a que deban ajustarse las relaciones entre dicho Secretario y las Secciones del Estado Mayor, acomodándolas a las disposiciones vigentes.

Artículo 6.° En campaña, en tiempo de guerra, o en territorio declarado en tal estado, o en el que tengan lugar operaciones de campaña o ejerzan su actuación tropas de ocupación, la Autoridad militar, además de las atribuciones conferidas para tiempo de paz y territorio no declarado en estado de guerra, tendrá las siguientes:

  1. a) La inspección y dirección, de toda clase de procedimientos judiciales y la resolución, en general, de las dudas, reclamaciones y recursos que en los mismos se promuevan.
  2. b) El nombramiento, si lo creyere oportuno, de Jueces para las causas que correspondan al Consejo de Guerra de Cuerpo, al de Plaza o al de Oficiales Generales; el de los Secretarios de este último; la confirmación de los ya nombrados y la designación de otros nuevos.
  3. c) La resolución del recurso que por los procesados o sus defensores se interponga solicitando la revocación del procesamiento, que el instructor cursará, con su informe, a la Autoridad militar.
  4. d) La resolución del recurso que por los procesados o sus defensores se formule, pidiendo ser puestos en libertad o que se atenúe la prisión preventiva que sufren; la de la propuesta que a los mismos fines le haga el Juez instructor de la causa; la de la que por su parte deducirá el Auditor cuando el procesado lleve en prisión preventiva un tiempo igual al de la duración de la condena que pueda imponérsele o que se le pida por el Fiscal, y la concesión de libertad provisional en los casos en que las detenciones de los encartados hayan sido hechas por la Autoridad o Jefe militar que haya ordenado la formación de causa.
  5. e) La autorización al procesado, cuando concurran razones atendibles que lo aconsejen, para residir en sitio distinto del en que se siguen las actuaciones.
  6. f) La de delegar en los Auditores las funciones que no consideren indispensable retener.

Artículo 7°. En las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, y en todo lo relativo a la inspección o dirección de los procedimientos judiciales, nombramiento de Jueces, resolución de recursos contra los procesamientos o prisiones y concesiones de libertad provisional, las Autoridades militares tendrán todas las atribuciones que el Código de Justicia militar les tenía encomendadas.

Artículo 8°. Las que a las Autoridades militares confiere el Código de Justicia militar y que con arreglo a los términos de este Decreto no se atribuyen expresamente a las mismas, continuarán siendo desempeñadas por  los Auditores.

Artículo 9°. Como regla general en todos los casos y circunstancias, la no conformidad entre los informes y resoluciones de la Autoridad militar y del Auditor en causas o expedientes judiciales por faltas graves será motivo de elevación del disentimiento a resolución a la Sala de Justicia militar del Tribunal Supremo.

Artículo 10. Los Generales de División que hayan de ser nombrados propietarios o suplentes para asistir con voz y voto y constituir, cuando les corresponda, la Sala de Justicia militar del Tribunal Supremo, en unión de los Magistrados de la misma, habrán de pertenecer a la Orden Militar de San Hermenegildo y tener servicios de campaña.

Dado en Madrid a trece de Septiembre de mil novecientos treinta y cinco.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro la Guerra,

JOSÉ MARÍA GIL ROBLES

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Este Decreto republicano, publicado en las páginas 2111 y 2112, del número 258 de la Gaceta de Madrid, de fecha 15 de septiembre 1935, era invocado en los procedimientos judiciales militares, seguidos por los golpistas alzados contra el Gobierno Republicano de España, después del 17 de julio de 1936.

[pms1]

PROPONIENDO INHIBICIÓN EN SUMARIO DE URGENCIA 51216


 475  N.1,990,313

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A U T O

En Baza a Catorce de Febrero de mil novecientos cuarenta.-

La orden del Ilmo Sr. Auditor de Guerra de Granada, unase al sumario de su razón y

RESULTANDO:

Que el encartado en este procedimiento sumarísimo de urgencia numero 51,216, PEDRO GARCIA CABRERA, su actuación politico-social la tuvo en Santa Cruz de Tenerife, en cuya Isla ostento infinidad de cargos directivos en Asociaciones y Partidos de izquierdas, contribuyendo personalmente como Redactor de Diarios a incitar a los habitantes de aquellas Islas a rebelarse en contra de los Sagrados intereses de la Patria, acusado asi mismo de ser autor de la propuesta de destitución de S.E. el Generalisimo Franco, cuando egercia el cargo de Capitan General de las Islas Canarias, hecho acaecido poco antes de la iniciación de N.G.M.N. lo que demuestra la gran peligrosidad del encartado mencionado.

CONSIDERANDO:

Que siendo el en encartado en este procedimiento autor de innumerables hechos delictivos en Santa Cruz de Tenerife y teniendo en cuenta su mucha peligrosidad y asi mismo haber tenido su actuación delictiva mas destacada en la Ciudad ya citada por cuyo motivo en ella se pueden tener elementos de juicio suficientes para enjuiciar al inculpado es por lo que procede inhibirse a favor del Ilmo Sr. Auditor de Guerra de Santa Cruz de Tenerife, por las razones aducidas anteriormente

Vistos los articulos pertinentes y de aplicacion.

S.S. por ante mi el Secretario dijo% Que debía proponer y proponía la inhibición de este sumarísimo de urgencia a favor del Ilmo Sr. Auditor de Guerra de Santa Cruz de Tenerife: a cuyo efecto se elevará este procedimiento al Ilmo Sr. Auditor de Guerra de Granada, por si tiene a bien ratificar el acuerdo propuesto en este Auto

Asi lo mandó y firma Don Manuel Gomez Garcia, Teniente provisional de Infanteria, Juez Militar numero 53, con residencia en Baza de que yo el Secretario doy fe.

[Firmas rubricadas de MANUEL GÓMEZ GARCÍA y MANUEL TORRES CUADRADO]

DILIGENCIA:

La extiendo para hacer constar yo el Secretario, que el presente procedimiento consta de catorce folios utiles, y se remite al Ilmo Sr. Auditor de Guerra de Granada hoy dia catorce de Febrero de mil novecientos cuarenta. Doy fe.

[Firma abreviada de MANUEL TORRES CUADRADO, Sargento Secretario fedatario]

Cfr.: A-TMTQ 8113-260-9.- Causa 96 de 1937.- Folio 475.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Yerra el Instructor MANUEL GÓMEZ GARCÍA al referirse a FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, como Capitán General de las Islas Canarias.

El cargo desempeñado por el entonces General de división FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, fue el de COMANDANTE MILITAR DE CANARIAS.

 

https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2014/05/05/nombramiento-y-cese-de-francisco-franco-bahamonde/

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE había sido nombrado COMANDANTE MILITAR de Canarias, por Decreto de fecha 21 de febrero de 1936, publicado en la página 1547 de la Gaceta de Madrid núm. 54 del día 23.

Aquel Decreto rezaba así:

A propuesta del Ministro de la Guerra,

Vengo en nombrar Comandante Militar de Canarias al General de división D. Francisco Franco Bahamonde, actual Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.

Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de la Guerra,

Carlos Masquelet Lacaci.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE sería cesado por el Gobierno Republicano de España, en el puesto de Comandante Militar de Canarias por Decreto de fecha 18 de julio de 1936, publicado en la página 724 de la Gaceta de Madrid núm. 201 del día 19.

Dicho Decreto era de este escueto tenor:

A propuesta del Ministro de la Guerra,

Vengo en disponer que el General de División D. Francisco Franco Bahamonde cese en el mando de la Comandancia Militar de Canarias.

Dado en Madrid a dieciocho de Julio de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA

El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra

SANTIAGO CASARES QUIROGA

En este mismo número 201 de la Gaceta de Madrid del día 19 de julio de 1936, y en su página anterior 723, habían sido publicados muchos otros decretos, sobresaliendo el primero de ellos, mediante el cual había sido anulado el estado de guerra proclamado por los sublevados.

DECRETO

A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros.

Vengo en decretar la anulación de la declaración del estado de guerra en todas las plazas de la Península, Marruecos, Baleares y Canarias, donde se haya dictado esta medida, quedando incursos en las máximas responsabilidades penales los infractores de este Decreto, y relevadas de obediencia a los Jefes facciosos las fuerzas militares.

Dado en Madrid a dieciocho de Julio de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA

El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra

SANTIAGO CASARES QUIROGA

* * * * * * * * * * *

A la vista de los documentos gacetarios expuestos, resultan inaceptables las múltiples referencias al General FRANCO como CAPITÁN GENERAL DE CANARIAS.

Referencias multiplicadas en infinidad de artículos y libros de conspicuos historiadores.

Historiadores, a los que, como mínimo, debemos considerar como poco rigurosos e inescrupulosos.

Además de poco respetables por su falta de respeto con la VERDAD Histórica.

De otra índole es la referencia diacrónica a la Comandancia MILITAR de las Islas Canarias como Comandancia GENERAL. Término éste último que aparece depués de la sublevación militar contra el Gobierno Republicano de España.

Cfr.:

https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2011/10/31/desempenaron-el-mando-de-esta-comandancia-general/

DECRETANDO ESTADO DE GUERRA EN 6 DE OCTUBRE DE 1934


PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

 

El Presidente del Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a los españoles:

A la hora presente, la rebeldía, que ha logrado perturbar el orden público llega a su apogeo.

Afortunadamente, la ciudadanía española ha sabido sobreponerse a la insensata locura de los mal aconsejados, y el movimiento, que ha tenido graves y dolorosas manifestaciones en pocos lugares del territorio queda circunscrito, por la actividad y el heroísmo de la fuerza pública, a Asturias y a Cataluña.

En Asturias, el Ejército está adueñado de la situación, y en el día de mañana quedará restablecida la normalidad.

En Cataluña, el Presidente de la Generalidad con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá.

Ante esta situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país.

Al hacerlo público, el Gobierno declara que ha esperado hasta agotar todos los medios que la ley pone en sus manos, sin humillación ni quebrando de su autoridad.

En las horas de la paz no escatimó transigencia.

Declarado el estado de guerra, aplicará sin debilidad ni crueldad, pero enérgicamente, la ley marcial.

Está seguro de que ante la rebeldía social de Asturias y ante la posición antipatriótica de un Gobierno de Cataluña, que se ha declarado faccioso, el alma entera del país entero se levantará, en un arranque de solidaridad nacional, en Cataluña, como en Castilla, en Aragón como en Valencia, en Galicia como en Extremadura, y en las Vascongadas, y en Navarra, y en Andalucía, a ponerse al lado del Gobierno para restablecer con el imperio de la Constitución del Estatuto y de todas las leyes de la República, la unidad moral y política, que hace de todos los os españoles un pueblo libre, de gloriosas tradiciones y glorioso porvenir.

Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la República bajo, un Gobierno que sea leal a la Constitución.

En Madrid; como en todas partes, una a exaltación de la ciudadanía nos acompaña.

Con ella y bajo el imperio de la ley vamos a seguir la gloriosa historia de España.

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DECRETO

De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,

Vengo en decretar lo siguiente;

ArtícuIo 1º Con arreglo a lo prevenido por el articulo 52 de la Ley de 28 de Julio de 1933, se declara el Estado de Guerra en todo el territorio de la República Española.

Art. 2º: Por los Generales jefes de las Divisiones orgánicas, Comandantes Militares de Baleares y Canarias y Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, con relación a las plazas de Ceuta y Melilla, se dictarán los oportunos bandos con arreglo a la Ley de Orden público, que, regirán, en los· territorios a que alcance la jurisdicción de·las Auditorías respectivas.

Art. 3º Del presente Decreto se dará cuenta a las Cortes, a tenor de lo prevenido por el artículo 60, de la mencionada Ley y 42 de la Constitución de la República.

Dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos treinta y cuatro.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros,

ALEJANDRO LERROUX GARCIA

 

Cfr.:

Gaceta de Madrid núm. 280 de 7 de octubre de 1934.- Página 194

CESE Y PASE A LA RESERVA DE ÁNGEL DOLLA LAHOZ


En la página 943 del número 146 de la Gaceta de Madrid del día 26 de mayo de 1931, fue publicado este decreto:

A propuesta del Ministro de la Guerra, el gobierno provisional de la República decreta:

Artículo único. Cesa en el mando de la sexta brigada de Caballería el General de brigada D. Angel Dolla Lahoz.

Dado en Madrid a veinticinco de Mayo de mil novecientos treinta y uno.

El Presidente del Gobierno provisional de la República

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de la Guerra,

Manuel Azaña Díaz

 

En esta misma página 943 aparecen también publicados los ceses en sus respectivos mandos de los generales Arturo Lezcano Piedrahita y Luís Orgaz Yoldi, junto a varios generales más.

 

Más tarde sería pasado a la situación de segunda reserva, sin mayor exigencia de responsabilidades, siéndole de aplicación la Ley de 21 de octubre de 1931 (Gaceta de Madrid nº 295, del día 22), percibiendo su pensión del presupuesto de clases Pasivas de Hacienda.

Mediante Orden publicada en el la Gaceta de Madrid número 18 de fecha 28 de abril de 1933, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, le concede el 27 de abril de 1933, la pensión anual de 2500 pesetas en la Gran Cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, con antigüedad de 22 de ese mes, debiendo percibirla por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, por tener su residencia  en aquella capital, con arreglo a lo que determina la Ley de 21 de octubre de 1931 (D.O. número 246).

SE DECLARA EL ESTADO DE GUERRA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA


PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DECRETO

De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,

Vengo en decretar lo siguiente;

ArtícuIo 1.º Con arreglo a lo prevenido por el articulo 52 de la Ley de 28 de Julio de 1933, se declara el Estado de Guerra en todo el territorio de la República Española.

Art. 2.º: Por los Generales Jefes de las Divisiones orgánicas, Comandantes Militares de Baleares y Canarias  y Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, con relación a las plazas de Ceuta y Melilla, se dictarán los oportunos bandos, con arreglo a la Ley de Orden público, que regirán en los· territorios a que alcance la jurisdicción de·las Auditorías respectivas.

Art. 3.º DeI presente·Decreto se dará cuenta a las Cortes, a teñor de lo prevenido por el articulo 60 de la mencionada Ley y 42 de la Constitución de la Repúblíca.

Dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos treinta y cuatro.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros,

ALEJADRO LERROUX GARCÍA

 

Cfr.:

Página 194 del número 280 de la Gaceta de Madrid de fecha 7 de octubre de 1934

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ALEJANDRO LERROUX GARCÍA, ha quedado en la Historia, como ejemplo de desprestigiado político populista, corrupto y reaccionario.

 

¿Hay en la actualidad políticos similares a LERROUX?

¿Se reitera la Historia?

 

Ver más en

 

https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2013/02/14/viva-el-estraperlo/

 

https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2013/02/15/jose-antonio-vuelve-a-gritar-viva-el-estraperlo/

 

https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2013/02/17/jose-antonio-primo-de-rivera-rechazado-en-la-coalicion-derechista/

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PROCLAMA EL ESTADO DE GUERRA EN TODO EL PAÍS


PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

El Presidente del Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a los españoles:

A la hora presente, la rebeldía que ha logrado perturbar el orden público. llega a su apogeo.

Afortunadamente, la ciudadanía española ha sabido sobreponerse a la insensata locura de los mal aconsejados. y el movimiento, que ha tenido graves y dolorosas manifestaciones en pocos lugares del territorio. queda circunscrito, por la actividad y el heroísmo de la fuerza pública, a Asturias y a Cataluña.

En Asturias, el Ejército está adueñado de la situación, y en el día de mañana quedará restablecida la normalidad.

En Cataluña. el Presidente de la Generalidad con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá.

Ante esta situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país.

Al hacerlo público, el Gobierno declara que ha esperado hasta agotar todos los medios que la ley pone en sus manos, sin humillación ni quebrando de su autoridad.

En las horas de la paz no escatimó transigencia.

Declarado el estado de guerra, aplicará sin debilidad ni crueldad, pero enérgicamente, la ley marcial.

Está seguro de que ante la rebeldía social de Asturias y ante la posición antipatriótica de un Gobierno de Cataluña, que se ha declarad faccioso, el alma entera del país entero se levantará, en un arranque de solidaridad nacional, en Cataluña como en Castilla. en Aragón como en Valencia, en Galicia como en Extremadura, y en las Vascongadas, y en Navarra. y en Andalucía, a ponerse al lado del Gobierno para restablecer. con el imperio de la Constitución del Estatuto y de todas las leyes de la República, la unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo libre, de gloriosas tradiciones y glorioso porvenir.

Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la República  bajo, un Gobierno que sea leal a la Constitución.

En Madrid, como en todas partes, una exaltación de la ciudadanía nos acompaña.

Con ella y bajo el imperio de la ley vamos a seguir la gloriosa historia de España.

 

Cfr.:

Página 194 del número 280 de la Gaceta de Madrid de fecha 7 de octubre de 1934

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¿Se reiterará la historia?

 

CALLE DEL PERDÓN


Descendiendo desde la antigua ubicación de la Plaza de La Paz, por la acera izquierda de la Rambla, la acera de los impares, y hasta la Plaza de Toros, nos encontramos sucesivamente con cinco calles paralelas, bien trazadas en las primeras décadas del siglo XX.

1.- Fernando Primo de Rivera .
2.- Calvo Sotelo.
3.- Los Sueños.
4.- El Perdón.
2.- Comandante Sánchez Pinto.

Estas cinco calles habían sido conocidas anteriormente con estos otros nombres:

1.- Fomento y número seis de Salamanca.
2.- Pablo Iglesias y Primera de Obreros.
3.- General Sanjurjo y Lucas Fernández Navarro.
4.- General Goded y La Igualdad.
5.- Libertad.

La cuarta, EL PERDÓN, es una calle recta, bien consolidada, que en su camino ascendente desde la Rambla, atraviesa la calle Capitán Gómez Landero, confluye con Santiago Cuadrado y Horacio Nelson junto a la Glorieta del Estado de Virginia; superando por su izquierda las calles Salamanca y Julio Tovar, discurriendo junto al Parque Secundino Delgado, que queda a su derecha. Prosigue su ascenso intersecando EL OLVIDO y las sucesivas calles dedicadas a poetas en el Barrio de Salamanca: Hernández Amador, Poeta Zerolo, Poeta Viana, Poeta Tabares Bartlet, y Tomás Morales, acabando su recorrido ascendente en la calle Poeta Rodríguez Herrera.

En su acera izquierda comprende 105 números de gobierno, mientras que por la acera derecha solamente alcanza hasta el número 48, debido al hecho, ya señalado, de que casi un tercio de esta margen derecha linda con el extenso parque dedicado a Secundino Delgado, ubicado entre los números 28 y 30.

Su paralela por la izquierda , o costado meridional, es la calle Los Sueños, mientras que por su derecha, o norte, su paralela es la calle Comandante Sánchez Pinto, colindante con la antigua Plaza de Toros.

¿Quién fue el GENERAL GODED?

¿Cómo alcanzó el generalato?

¿Qué méritos acreditó para merecer que su memoria haya sido conservada dedicándole una calle en Santa Cruz?

Como ha quedado dicho, esta calle tuvo un precioso nombre antiguo durante casi trece lustros. Nada más y nada menos que calle de LA IGUALDAD.

Una IGUALDAD tantas veces anhelada, que nunca hemos visto y de la cual no se percibe un horizonte razonable para que sea lograda.

GENERAL MANUEL GODED LLOPIS

MANUEL GODED LLOPIS fue ascendido a general de brigada por Real Decreto de 3 de febrero de 1926, publicado en la página 637 del número 35 de la Gaceta de Madrid de fecha 4 de febrero de 1926.

Este Decreto reza así:

En consideración a los distinguidos servicios prestados y méritos contraídos en operaciones activas de campaña en la zona de nuestro Protectorado en Marruecos, en el lapso de tiempo comprendido entre 1º de Agosto de 1924 y 1º de Octubre de 1925, por el Coronel de Estado Mayor D. Manuel Goded Llopis, y teniendo en cuenta el favorable informe emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,

Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de General de brigada, con la antigüedad de la última de las indicadas fechas.

Dado en Palacio a tres de Febrero de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO

El Ministro de la Guerra,

JUAN O’DONNNELL VARGAS

Con textos de similar tenor, son publicados en dicho número 35 de la Gaceta de Madrid los ascensos a general de estos 7 coroneles:

Virgilio Cabanellas Ferrer, de Infantería

Francisco Franco Bahamonde, de Infantería

Félix de Vera Valdés, de Infantería

José Sánchez Ocaña y Beltrán, de Estado Mayor

Ángel Dolla Lahoz, de Caballería

Joaquín Fanjul Goñi, de Estado Mayor

Alfonso Carrillo y Sánchez Tovar, de Artillería

Para la los amantes de las coincidencias históricas, he subrayado los nombres de tres generales cuyo paso por Canarias está documentado.

Por otro lado, en este mismo número 35 de la Gaceta de Madrid, son publicados varios Reales Decretos concediendo condecoraciones a otros reputados militares africanistas.

Sobresale entre ellos este R.D.

En atención a los señalados servicios prestados y méritos contraídos en operaciones activas de campaña en nuestra zona de Protectorado en Marruecos, en el lapso de tiempo comprendido entre 1º de Agosto de 1924 y 1º de Octubre de 1925, por el General de División don Felipe Navarro y Ceballos Escalera, Barón de Casa Davalillo,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en vista del favorable informe emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Gran Cruz de Maria Cristina, con la antigüedad de la última de las indicadas fechas.

Dado en Palacio a tres de Febrero de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO

El Ministro de la Guerra,

JUAN O’DONNNELL VARGAS

Este General FELIPE NAVARRO Y CEBALLOS-ESCALERA, era el que se había rendido en Monte Arruit, habiendo sido apresado por Abdel Krim junto con sus oficiales superiores, mientras sus tres mil soldados fueron cruelmente exterminados por los rifeños.

Tiempo después, tras arduas negociaciones, Abdel Krim recibiría de manos de Horacio de Echevarrieta, algo más de cuatro millones de pesetas (la mitad en duros de plata), entregando a cambio de los cobardes oficiales y jefes españoles prisioneros, provocando el comentario

«¡Qué cara es la carne de gallina!»

 


NUEVE CALLES CAMBIADAS DE NOMBRES

 

El 6 de diciembre de 1937 se reúne la Comisión Gestora Municipal surgida del Alzamiento del 18 de julio de 1936.

En el folio 150 vuelto del correspondiente Libro de Actas, leemos:

En las Casas Consistoriales de la Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, Capital de la Provincia de este nombre, a seis de diciembre de mil novecientos treinta y siete, se reunió el Excmo Ayuntamiento en sesión pública ordinaria de primera convocatoria, previamente citado con arreglo a las vigentes disposiciones, bajo la Presidencia del señor Alcalde don Juan Vara Terán y con asistencia de los señores Gestores consignados al margen, para tratar y resolver los asuntos figurados en el orden del día, repartido con la convocatoria.

Los gestores consignados al margen eran estos cinco:

1.- Vicente Expósito Barrios Pérez

2.- Pedro Duque Déniz

3.- Francisco La-Roche Aguilar

4.- Miguel Llombet Rodríguez

5.- Juan Yanes Perdomo

En el folio 152 continuamos la lectura:

 

De conformidad con la propuesta de los señores Gestores La-Roche y Yanes se acordó modificar los actuales nombres de algunas calles de la población, en el sentido que sigue:

1º.- Que al trayecto comprendido entre la Plaza de la Paz y la Cuesta de Piedra se le dé el nombre de Avenida del General Mola, que ostentará en lo sucesivo.

2º.-  Dar a la actual calle de la República, el nombre de Calle 18 de Julio.

3º.- Dar el nombre de calle del General Sanjurjo, a la actualmente denominada de Lucas Fernández Navarro.

4º.- Dar el nombre de General Godet * a la actual calle de la Igualdad.

5º.- Dar el nombre de Comandante Sanchez * Pinto, a la actual calle de La Libertad.

6º.- Dar el nombre de calle del Capitán Gómez Landero a la actual de Fraternidad.

7º.- Dar el nombre de Teniente Martín Bencomo, a la calle de nueva apertura, transversal de la de 25 de Julio a los Campos.

8º.- Dar a la calle de Mariana de Pineda, el nombre antiguo de María Cristina.

9º.- Dar el nombre de calle del General Fanjul, a la actual calle del General Riego.

También acordó la Comisión Gestora:

1º.- Que seguidamente se proceda a la rotulación de estas vías y de todas las demás a que se haya cambiado el nombre después del glorioso Movimiento Nacional, y

2º.- Que por el negociado correspondiente se giren relaciones de todas las calles a que desde el 18 de julio de 1936, se hayan cambiado sus nombres, al objeto de remitirlas a los distintos Centros y dependencias, a fin de que solo usen los verdaderos nombres de las vías, y que esto se tenga muy en cuenta por las propias dependencias, Centros y Servicios municipales.

* * * * *

No predicaban con el ejemplo aquellos  munícipes.

Ordenan que solo se usen los verdaderos nombres de las vías.

Pero ellos se vuelven a referir a la calle del Doctor José Naveiras, como calle de los Campos.

Y además ordenan dar a la calle de Mariana de Pineda, el nombre antiguo de María Cristina, cuando el nombre antiguo de la calle Mariana Pineda era Reina María Cristina. Esto es, le apearon el tratamiento debido a la Reina madre de Alfonso XIII.

* * * * * * * * * *

De este modo se culminaba un proceso escalonado que había consumado, en menos de un año y medio, que veinticuatro vías urbanas fueron cambiadas de nombre por las nuevas autoridades municipales surgidas del Alzamiento del 18 de julio de 1936, en Santa Cruz de Tenerife.

* * * * * * * * * *


LO QUE HA CONTADO J.J. ARENCIBIA DEL GENERAL GODED

El Coronel Juan J. Arencibia de Torres, en su libro Calles y Plazas de Santa Cruz de Tenerife, ha escrito estas pocas líneas sobre esta calle.

GENERAL GODED

Rambla General Franco a la calle Poeta Rodríguez Herrera.

En el plano guía de Santa Cruz de 1917 aparece rotulada con el nombre de Igualdad .

Manuel Goded y Llopis, general de división, nació en Barcelona en 1882. El 18 de julio de 1936 se puso al frente del Alzamiento en Barcelona, viniendo desde Mallorca, donde era comandante general. Fracasado el intento por la intervención de la Guardia Civil, fue fusilado a los pocos días.

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Minúscula referencia del coronel J.J. Arencibia, que aporta muy poco sobre el personaje al cual se había honrado con una calle en Santa Cruz de Tenerife.

A pesar de su minusculidad, hay que decir que contiene una falacia histórica, ampliamente difundida de libro en libro, y artículo en artículo, por hagiógrafos e historiadores descuidados.

El general MANUEL GODED LLOPIS, no era comandante general de Baleares. Era Comandante Militar.

Así consta en el Decreto de fecha 21 de febrero de 1936, publicado en la página 1547 de la Gaceta de Madrid número 54 del día 23.

Este Decreto reza así:

A propuesta del Ministro de la Guerra,

Vengo en nombrar Comandante Militar de Baleares al General de división D. Manuel Goded Llopis, actual Inspector Jefe de la tercera Inspección general del Ejército.

Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de la Guerra,

Carlos Masquelet Lacaci.

LEY MUNICIPAL DE 31 DE OCTUBRE DE 1935


 1.-

La Ley Municipal de 31 de octubre de 1935 había sido publicada en el número 305 de la Gaceta de Madrid de fecha 1 de noviembre de 1935, comenzando en la 898 y acabando en la página 919.

Dos días más tarde, como por lo visto, dicha Ley Municipal republicana había sido impresa con errores de copia y de imprenta, se publicó debidamente rectificada en el número 307 de la Gaceta de Madrid de fecha 3 de noviembre de 1935, empezando en la página 970 para terminar en la página 991.

Era una ley muy enjundiosa y prolija con 240 artículos y 11 disposiciones transitorias.

El texto de la ley es dividido en cinco grandes títulos;

 

TITULO PRIMERO.- Entidades Municipales (páginas 970 a 973)

TITULO II.- De la Organización Municipal (páginas 973 a 978)

TITULO III.- De la Administración Municipal (páginas 978 a 987)

TITULO IV.- Del Régimen Jurídico (páginas 987 a 989)

TITULO V.- Del régimen de tutela (páginas 989 a 991)

 

Los títulos son a su vez divididos en capítulos, y éstos en secciones, donde se enumeran los sucesivos artículos.

 

El tema de los Funcionarios Municipales es regulado en el capítulo VII dentro del título III, que se denomina así:

«DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES»

 

Este capítulo es subdividido en siete secciones.

Concretamente la sección 7ª es la

«De las correcciones disciplinarias».

Comprende estos artículos:

 

Artículo 193. Los Ayuntamientos tienen la facultad de imponer a todos los funcionarios y dependientes municipales las correcciones disciplinarias en que puedan incurrir por faltas en el cumplimiento de sus respectivos deberes.

Artículo 194. Se considerarán faltas leves para los efectos del artículo anterior:

1ª La no asistencia a la oficina sin causa justificada y sin haber obtenido la correspondiente licencia.

2ª La desobediencia e insubordinación no reiterada, y de las cuales no se hubiese seguido perjuicio para los servicios e intereses municipales.

3ª La falta de laboriosidad y celo en el desempeño del cargo, comprobada en debida forma.

 

Se considerarán faltas graves:

1ª El abandono inmotivado del destino.

2ª La insubordinación y la desobediencia grave repetidas.

3ª La condena firme por cualquier delito que lleve aparejada, cuando menos, prisión correccional por un año.

4ª La ocultación maliciosa de cualquier causa de incapacidad o incompatibilidad.

5ª Vicios o actos reiterados que hicieran desmerecer en el concepto público.

6ª La reincidencia por tercera vez en falta leve, disciplinariamente corregida.

Cuando los funcionarios municipales abandonen colectivamente el servicio público se considerará que han renunciado a su empleo.

Artículo 195. Las faltas leves serán castigadas por la Comisión permanente o por el Ayuntamiento con apercibimiento o multa, que no podrá exceder del haber de diez días. La imposición de la multa requiere un expediente previo, en el que será necesaria la audiencia del interesado.

Las faltas graves serán castigadas, previa instrucción también del oportuno expediente, con suspensión de empleo y sueldo por treinta días, que podrá acordar el Ayuntamiento o la Comisión permanente, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. También podrán ser castigadas con destitución.

Artículo 196. El expediente de suspensión será instruido por el Alcalde, y el que tenga por objeto ampliar aquél, para elevar la suspensión a destitución, por el Concejal en quien delegue el Ayuntamiento.

El expediente de suspensión tendrá que ser resuelto en un plazo que no exceda de treinta días, y el de destitución dentro de un término no superior a sesenta, a partir, en uno y otro caso, de la incoación de las actuaciones.

Para la validez del acuerdo de destitución será indispensable que sea tomado en sesión extraordinaria a que asistan tres cuartas parte de los Concejales, y votado, cuando menos, por las dos terceras partes del número total de los que formen la Corporación.

No serán ejecutivas las sanciones que se impongan al Secretario o al Interventor dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que dichos funcionarios hubiesen formulado advertencia expresa de ilegalidad contra algún acto o acuerdo de las Autoridades u organismos municipales.

Artículo 197. Con independencia de los recursos contenciosoadministrativos, los funcionarios castigados podrán siempre recurrir, contra las sanciones que les hubieren sido impuestas, ante un Tribunal constituido en la capital de la provincia por el Juez decano, que será Presidente; un Diputado provincial designado por la Diputación; el Abogado del Estado Jefe; un Secretario de Ayuntamiento nombrado por el Colegio de Secretarios, y un Concejal del Ayuntamiento de la capital designado por dicha Corporación municipal. Actuará de Secretario de dicho Tribunal el Secretario judicial del Juzgado al que corresponda la presidencia.

Las actuaciones de dichos Tribunales serán gratuitas y se extenderán en papel de oficio. Sus fallos serán dictados en el improrrogable plazo de cuarenta días, a contar desde la presentación del recurso, y serán ejecutivos, cabiendo contra ellos recurso contenciosoadministrativo. Cuando se declare indebida una destitución o suspensión, el funcionario tendrá derecho a exigir el sueldo no percibido desde que aquella se acordó, debiendo abonarlo el Ayuntamiento sin perjuicio de la responsabilidad civil de los Concejales que votaron el acuerdo.

 

La Ley acaba con este párrafo:

Las prescripciones de esta ley regirán en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya e Islas Canarias en cuanto no se opongan a lo que se halle estatuido en el régimen peculiar vigente en esas provincias.

Dado en Madrid a treinta y uno de Octubre de mil novecientos treinta y cinco.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de la Gobernación

Juan Pablo-Blanco y Torres

 

Admira ver que una Ley de ámbito nacional, se pliega y rinde ante cinco provincias periféricas, respetando sus privilegios y peculiaridades.

A pesar de haber sido aprobada durante el periodo de gobierno republicano de mayoría de derechas, periodo conocido también como bienio negro, la Ley Municipal Republicana estaba bastante impregnada de la impronta republicana democrática.

Empleando el lenguaje políticamente correcto actual, podríamos decir que dicha Ley había tenido hasta «sensibilidad autonómica».

CALLE ALCALÁ ZAMORA


 

En la víspera del primer aniversario de la Segunda República Española, el 13 de abril de 1932 se reunió el Ayuntamiento en sesión pública ordinaria de segunda convocatoria, bajo la presidencia del segundo Teniente de Alcalde TOMÁS DE ARMAS QUINTERO con asistencia de cuatro concejales [Moisés Cova Hernández, José Izquierdo e Izquierdo, Sebastián Déniz Hernández, y Pedro Ramírez Vizcaya].

Posteriormente, en el folio 85 se hace constar que entran los Sres. [Francisco] Martínez Viera y [Alejandro] Padrón [Rodríguez].

 

En el folio 87 vuelto leemos:

Previa la oportuna declaración de urgencia se dio cuenta de una moción suscrita por los Sres. Martínez Viera y Pérez Barrera, en la que proponen que como homenaje y adhesión entusiasta al ilustre ciudadano, primer magistrado de la República Don Niceto Alcalá Zamora, se acuerde dar su nombre a la calle de La Rosa.

El Sr. Fernaud se muestra conforme con la propuesta; pero pregunta si el calificativo de la Rosa de dicha vía perpetúa la memoria de alguna persona, en cuyo caso sería preferible elegir otra calle.

El Sr. Martínez Viera le contesta que no se trata de nombre de persona alguna, pues en ese caso, siguiendo costumbre de siempre suya, lo hubiese respetado, sino que se trata del nombre de una flor.

El Sr. Fernaud indica que una vía importante sería la de los Campos.

[Folio 88]

S.E. en definitiva y por unanimidad, acordó dar el nombre de Alcalá Zamora a la actual calle de La Rosa.

A propuesta de la Presidencia, también se acordó telegrafiar al Presidente de la República felicitándole por el aniversario de la misma y comunicándole que como homenaje a su persona se había acabado de adoptar al acuerdo de dar su nombre a una de las vías mas importantes de la Ciudad.

…/…

Previa la oportuna declaración de urgencia se dio cuenta de una comunicación de la Sociedad Añaza, en la que solicita que el acto de secularización de los Cementerios figure como un acto a celebrar con motivo de de la conmemoración del primer aniversario de la

[Folio 89]

República, y en la que pone de manifiesto sus deseos de asistir en colectividad a dicho acto, en el deseo de darle al mismo la mayor brillantez.

S.E. acordó dejar el asunto sobre de la Mesa, para su resolución en la primera sesión; contestándose a dicha entidad la imposibilidad de celebrar dicha secularización antes del día 14 por no haber tenido la Corporación conocimiento de la misma hasta el momento actual.

* * * * *

Así fue como el cordobés Niceto Alcalá Zamora y Torres, resultó enaltecido en las placas de una de las vías mas importantes de la Ciudad, y los ediles de Santa Cruz de Tenerife alardearon de fervoroso republicanismo.

Este enaltecimiento sería bastante efímero, pues los sublevados contra el gobierno de la Republica, se ocuparon de quitar dichas placas, con presteza. Detalles de esta quita, espero publicarlos más adelante en este blog.

 

Por otro lado, hemos visto, una vez más como queda de manifiesto que los concejales chicharreros adolecían del mismo mal que los actuales: su desconocimiento de la Historia de la Ciudad.