LA NORMATIVA REPRESORA


Desde el primer día de la sublevación militar contra el gobierno de la Segunda República, y con efecto inmediato, se llevaron a cabo operaciones represivas, consistentes en la eliminación física del adversario, al que se trató como enemigo, sin darle cuartel.

Ninguna consideración legal fue tenida en cuenta por parte de los rebeldes, para llevar adelante sus vesánicas acciones.

En los lugares donde publicaron sus bandos declaratorios del Estado de Guerra, este fue todo el «amparo legal» aplicado.

Bandos diversos y distintos, con diferentes textos.

Hasta el 30 de julio de 1936, los rebeldes no dispondrían de un bando con texto único de referencia: El Bando de la autodenominada Junta de Defensa Nacional, publicado en el Boletín Oficial numero 3, firmado el 28 de julio de 1936, por el general MIGUEL [Manuel Virgilio Joaquín] CABANELLAS FERRER, como presidente de dicha Junta.

https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2013/08/29/el-bando-de-la-junta-de-defensa-nacional-de-espana/

Junto a esta gran represión, se puso en marcha otra gran maquinaria represora de índole administrativa, con el fin de eliminar civilmente a todos los posibles desafectos ocupantes de puestos en todas las administraciones públicas y empresas relacionadas.

Paulatinamente, durante la contienda se fueron dictando normas represivas (decretos, órdenes, bandos, instrucciones, etc.) cuyo objetivo era el exterminio del enemigo, generando un «arsenal legal», que arrambló con los fundamentos del Estado de Derecho.

Los rebeldes sometieron a Consejos de Guerra sumarísimos a los leales a la República, bajo las acusaciones de Rebelión y Auxilio a la Rebelión.

Ramón Serrano Suñer, en su libro, «Memorias. Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue», publicado por la editorial Planeta en 1977,

Página 244:

«el sistema de represión que se puso en marcha fue, a mi juicio, un error desde el punto de vista jurídico, y también político […] un sistema que podíamos llamar de justicia al revés o de aplicación al revés del código de Justicia».

Página 247:

Fue, pues, un error el configurar delitos de rebelión y sedición para atribuirlos a los defensores del gobierno republicano, dado que estos – jurídica y hasta metafísicamente – era imposible que los cometieran».

Leyendo estas frases de RAMÓN SERRANO SUÑER, gran jefe de los fachas conocido como «el cuñadísimo», surge inmediatamente esta pregunta:

¿Por qué no lo manifestó y aplicó cuando estaba en la cumbre del poder omnímodo, junto a su concuñado FRANCISCO FRANCO?

¡Tremenda inverecundia la de este facha, gran jefe de los fachas!.

Este personaje que ostentó y detentó un enorme poder junto a su concuñado Franco, fue el dirigente que, desde el balcón de la Secretaría General del Movimiento, en la madrileña calle de Alcalá, lanzó el grito «RUSIA ES CULPABLE», el día 24 de junio de 1941, dos días después de iniciada la invasión de Rusia por el ejército alemán del nazi ADOLFO HITLER.

Grito que desencadenaría, tres días más tarde, el alistamiento de voluntarios en la que sería conocida como División Azul.

División que, estando bajo el mando del General español AGUSTÍN MUÑOZ GRANDES, marchó hacia la Alemania nazi, donde tras haber jurado fidelidad al Führer ADOLF HITLER, con uniformes alemanes, lucharía, junto a los nazis en la guerra de exterminio de rusos.

TORTICERA ARGUMENTACIÓN DEL MAGISTRADO NICOLÁS PADILLA MONTORO


 

Teniendo en cuenta la iniquidad de las múltiples sentencias dictadas por los Consejos de Guerra celebrados después del 17 de julio de 1936, podríamos decir que el Comandante RICARDO CASAS TRABA, salió bien librado.

La sentencia de su Consejo de Guerra pudiera calificarse de benevolente, pues ni siquiera le condenaron al pago de costas, siendo declarado libre de responsabilidad civil. Cumpliría su condena en la Fortaleza Prisión de Paso Alto el 28 de enero de 1937, aunque estaría suspendido de empleo hasta el 19 de Junio de 1937.

Decisiones ambas, que contrastan con las exigencias dictadas al respecto, en multitud de causas anteriores y posteriores

Después de haber leído un gran número de procedimientos jurídicos instruidos por militares de aquella negra época, iniciada después del 17 de julio de 1936, me parece oportuna hacer alguna reflexión sobre lo leído.

Reflexión que viene al punto por la Causa 91 de 1936 seguida al Comandante RICARDO CASAS TRABA.

En esta causa llama la atención la torticera argumentación empleada por el ponente, Magistrado NICOLÁS PADILLA MONTORO, para atribuir al tribunal militar una legitimidad que no tenía, ni tenía derecho a tener.

Este Magistrado de la Audiencia tinerfeña, NICOLÁS PADILLA MONTORO, actuando como Ponente, haría gala de similar argumentación, asimismo del mismo modo torticero, en la sentencia dictada el once de enero de 1937, cuyo texto ha sido aflorados en

https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2011/05/28/informe-del-magistrado-nicolas-padilla-montoro/

 

Torticera argumentación que se vería reflejada en multitud de alegatos de auditores, fiscales y otros ponentes de sentencias, coetáneos o posteriores, en aquellos inicuos procedimientos de apariencia judicial formal.

Torticera argumentación que actualmente se puede leer en libros y otros medios de prensa, escuchar en medios radiofónicos, además de poderse ver y oír en canales de televisión, todos ellos corifeos nostálgicos de la DICTADURA FRANQUISTA, herederos de los triunfadores de la guerra civil más cruenta de la Historia de España.

En el caso que motiva esta reflexión, – la Causa 91 de 1936 seguida al Comandante RICARDO CASAS TRABA -, se constata la paradoja de ver como los sediciosos y rebeldes acusan y condenan por sedición a uno de los suyos, al cual consideraban desafecto, o tibio con su rebelión.

Rizando el rizo, de modo inverecundo, se atreven a afirmar que la autoridad militar, asumía de hecho y de DERECHO todas las prerrogativas y atribuciones que las leyes confieren a los poderes del Estado.

Ignorando intencionadamente, que los autores de la rebelión contra el legal y legítimo gobierno de España en 1936, usurparon y asumieron, ilegítimamente unos poderes a los cuales no tenían derecho.

Para ello utilizaron la fuerza, olvidando que habían recibido «en sagrado depósito las armas de la Nación y las vidas de los ciudadanos», así como que «sería criminal en todos los tiempos y en todas las situaciones que los que vestimos el uniforme militar pudiéramos esgrimirlas contra la Nación o contra el Estado que nos las otorga»

Estas palabras entrecomilladas habían sido pronunciadas por el General FRANCISCO PAULINO HERMENEGILDO TEÓDULO FRANCO BAHAMONDE, el 17 de diciembre de 1931, tal como constan en sus declaraciones ante la Comisión de Responsabilidades, que en tal fecha, estaba realizando la investigación para someter a juicio a los implicados en las ejecuciones de los sublevados en Jaca de 1930, según asevera PAUL PRESTON en la página 114 de su libro «FRANCO», citando a su vez la obra de LUÍS SUÁREZ FERNÁNDEZ sobre FRANCISCO FRANCO.

Los rebeldes usurparon y asumieron el poder, ejerciendo la sinrazón de la fuerza, no la fuerza de la razón.

Los militares sublevados fueron auténticos rebeldes contra el poder legítimo y legal de la Nación Española.

Los militares rebeldes violaron su juramento, y practicaron lo que, muchas décadas después, sería reconocido como justicia al revés, por RAMÓN SERRANO SUNYER, el cuñadísimo.

Y durante cuatro largas décadas los franquistas violaron los derechos humanos en España.

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En la transcripción de los documentos aflorados en este medio, el transcriptor procura respetar su íntegra literalidad, dejando intactos los errores ortográficos y mecanográficos, presentes en los originales, fruto de la incuria militar de aquella época.

La única licencia permitida es la de resaltar algunas palabras o frases, con el fin de facilitar el manejo y mejor comprensión de los textos transcritos.